La Contraloría General de la República llevó a cabo una exhaustiva auditoría en la Municipalidad de Calera de Tango, donde se identificaron diversas debilidades en los procesos de fiscalización y control relacionados con la normativa urbanística y el registro de edificaciones en la comuna. El objetivo de esta auditoría fue verificar cómo está actuando la Dirección de Obras Municipales (DOM) y la Sección de Patentes Comerciales de la Dirección de Administración y Finanzas. Además, se buscó validar la actualización del catastro comunal, asegurando que las edificaciones cumplan con las normativas que protegen los ecosistemas y previniendo riesgos estructurales que puedan afectar la movilidad y el derecho al espacio público, así como eventuales incumplimientos de normas sanitarias que repercutirían negativamente en los ciudadanos.
Durante la auditoría, se constataron irregularidades significativas, especialmente en relación con 26 propiedades que se encuentran ubicadas en Áreas de Preservación Ecológica. Estas propiedades han sido subdivididas en parcelas que, según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, sólo permiten actividades mínimas relacionadas con fines científicos, educativos, deportivos o turísticos. La situación de estos terrenos sigue pendiente de resoluciones judiciales y ambientales. Con el fin de evitar nuevas construcciones sin permisos, la Contraloría ha instruido al municipio a reforzar sus controles, mientras la comunidad espera un compromiso claro de sus autoridades.
La auditoría también reveló que, de un total de 18 roles revisados, 17 presentaron infracciones a la normativa vigente. Se encontraron evidencias de edificaciones construidas sin permisos y recepciones finales, además de instalaciones municipales y comerciales que operaban sin la debida autorización. Se identificaron diversos problemas, tales como cambios de destino no tramitados y actividades económicas que se desarrollaban sin patentes correspondientes. Entre las irregularidades detectadas, se encuentra un taller mecánico en espacio fiscal y una fábrica de fundición de metales, lo que pone de manifiesto la gravedad de la falta de control y supervisión en el área de urbanismo.
El informe constató que de las 17 irregularidades identificadas, el municipio no había fiscalizado 12 de ellas, y las sanciones aplicadas se limitaban a notificaciones al Juzgado de Policía Local. La Contraloría ha ordenado la implementación de un plan de trabajo que incluya una programación de inspecciones más efectiva y medidas sancionatorias adecuadas. Se ha iniciado un procedimiento disciplinario para esclarecer las responsabilidades administrativas en la DOM y en la Sección de Patentes Comerciales, en medio de un contexto donde se ha descubierto que un funcionario municipal ya había sido sancionado por una construcción sin permisos en 2021, caso que no está registrado en el Juzgado correspondiente.
Finalmente, se destaca que una demolición ordenada en el año 2022, que debía llevarse a cabo para eliminar un muro construido sobre la vía pública, no ha sido ejecutada. La municipalidad ahora enfrenta la obligación de acreditar la realización de dicha acción. Asimismo, la Contraloría observa que la DOM carece de un catastro único consolidado, utilizando en su lugar cuatro archivos de Excel que contienen información incompleta. Es imperativo que la municipalidad informe sobre los avances en la regularización de cada caso mencionado, así como garantice un control más riguroso en la gestión de la normativa urbanística para proteger a la comunidad.
