La 3ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano (Unoc 3), que se llevará a cabo en Niza a partir del 9 de junio de 2025, busca resaltar la importancia de la gobernanza marítima a nivel local. En este contexto, Lacanau, una localidad costera de Aquitania, ha sido pionera en la implementación de proyectos de desurbanización voluntaria. Estos proyectos tienen como objetivo anticipar la retirada de la línea costera debido al cambio climático, promoviendo un diálogo activo entre los residentes, los empresarios locales y los funcionarios. Mediante estas iniciativas, se busca equilibrar la conservación del medio ambiente y las necesidades económicas de la comunidad, un reto que se presenta como crucial para las áreas costeras.
Los efectos del cambio climático son cada vez más visibles, y los elegidos locales son quienes enfrentan directamente las consecuencias tales como tormentas más severas y la erosión de la costa. Frente a esta situación, la gestión del entorno acuático, promovida por la ley de Clima y resiliencia de 2021, ha añadido herramientas legales que permiten a las comunidades locales anticipar y gestionar la retirada de la costa. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para optimizar su implementación. Es fundamental que estos gobiernos locales actúen de manera coordinada para prevenir que las consecuencias del cambio climático generen mayores desigualdades y deterioro en sus territorios.
La costa, donde coexisten múltiples usos y demandas como el turismo, la pesca y la energía marina, es uno de los espacios más vulnerables y equilibrados del planeta. Para manejar estas tensiones, se hace necesario establecer una gobernanza integrada y ecosistémica que incluya la colaboración entre diferentes niveles de administración y actores. En Bretaña, por ejemplo, la creación del Parque natural marino de Iroise es un caso exitoso de cogestión entre pescadores locales y asociaciones medioambientales, mostrando que una gobernanza eficaz puede surgir de la colaboración entre sector público y privado.
Las entidades territoriales, tradicionalmente centradas en aspectos continentales, están demandando un papel más activo en la discusión de políticas oceánicas. Estos actores locales tienen un conocimiento profundo de las dinámicas costeras y las inquietudes de sus comunidades, lo cual les permite negociar soluciones adecuadas a las problemáticas que enfrentan. Iniciativas como el Parlamento del mar en Occitanía demuestran que la integración de perspectivas locales es esencial para alcanzar un manejo adecuado y sostenible del océano, confirmando que el mar es, efectivamente, un bien común que debe ser defendido y gestionado de manera colectiva.
La movilización de territorios insulares, a través de organizaciones no gubernamentales como Smilo, subraya la necesidad de reconocer el papel de las iniciativas locales en la transformación hacia un desarrollo sostenible. Estas entidades muestran que los territorios insulares pueden actuar como laboratorios para la implementación de estrategias innovadoras y adaptadas a sus realidades específicas. Por lo tanto, las políticas públicas deben considerar las singularidades de cada entorno, dejando atrás las soluciones estandarizadas. La Unoc 3 representa una oportunidad crítica para enfatizar la necesidad de colaboración entre los actores locales y globales, reconociendo que la transición hacia una gestión marítima sostenible solo será efectiva con la participación activa de los territorios costeros.
