Un reciente proyecto de ley ha reavivado el debate sobre la distancia mínima que deben tener los parques eólicos respecto a viviendas, escuelas, y centros de salud. La propuesta establece una separación de cinco kilómetros, buscando proteger a las comunidades de efectos negativos como el ruido excesivo y la alteración del paisaje. Guillermo Ramírez, investigador del Centro de Energía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), subraya que el impacto de estos proyectos no se mide únicamente en metros, sino también en factores como el relieve y el viento, que influyen en la experiencia de quienes viven cerca.
Entre los efectos destacados por Ramírez se encuentran el ruido generado por los aerogeneradores, las sombras intermitentes que proyectan sus aspas y los cambios en el entorno visual. Durante la fase de construcción, se añade a esto el polvo y el tráfico incrementado de camiones, lo que puede alterar aún más la calidad de vida de los residentes cercanos. Además, el investigador advierte sobre la posible interferencia con rutas migratorias de aves, un aspecto clave en la evaluación del impacto ambiental de estos proyectos.
A pesar de la propuesta de una distancia estándar de cinco kilómetros, Ramírez sugiere que podría haber flexibilidad en este criterio. Asegura que, en casos específicos, es posible establecer proyectos a menor distancia de las viviendas, siempre que se realicen estudios rigurosos que lo respalden. Como ejemplo, menciona el enfoque de Dinamarca, que establece distancias mínimas calculadas en función de la altura de los aerogeneradores, donde se pueden compatibilizar instalaciones a distancias menores bajo ciertas condiciones.
Sin embargo, Ramírez aclara que la distancia no es el único elemento a considerar. La planificación de estos proyectos debe incluir la participación activa de las comunidades desde sus inicios, garantizando que la información sea accesible y comprensible. Además, resalta que la evaluación de impactos debe ser efectiva y que las comunidades deben contar con mecanismos transparentes de monitoreo y fiscalización durante la vida útil de los parques eólicos. Para él, una buena convivencia entre las energías renovables y las comunidades depende de un compromiso claro y el cumplimiento de las promesas a lo largo del tiempo.
Finalmente, Ramírez enfatiza que la aceptación de estos proyectos por parte de la comunidad se construye a partir de una participación efectiva y el respeto por los acuerdos establecidos. Los beneficios que estas iniciativas traen deben ser justos y complementarios a las medidas de protección ambiental. Solo así, se podrá garantizar que el avance hacia energías más limpias no perjudique a quienes viven en las inmediaciones de los parques eólicos, contribuyendo a una transición energética sostenible y responsable.
