En Chile, la situación de las inversiones enfrenta un nuevo desafío, alertó Juanita Galaz, directora ejecutiva de MYMA. La creciente judicialización de proyectos que ya cuentan con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable se ha convertido en un factor que agrava la incertidumbre, ralentiza la llegada de capital y afecta la competitividad del país. Durante el primer semestre de 2026, los Tribunales Ambientales han reportado un incremento notorio en el número de reclamaciones, alcanzando un récord de 32 casos aceptados, lo que ha llevado el total de causas en proceso a 67, todas vinculadas a inversiones por un monto conjunto aproximado de 10.655 millones de dólares. Esta tendencia preocupa a Galaz, quien sostiene que este fenómeno de judicialización se ha vuelto un problema estructural, esencial en la fase de desarrollo de proyectos de inversión.
Galaz enfatiza que el impacto de la judicialización es amplio e involucra dimensiones institucionales, económicas y temporales. Las instituciones encargadas de resolver estas controversias están siendo superadas por la cantidad de litigios que reciben, lo que, a su vez, genera incertidumbre en el sector de inversiones. Según la ejecutiva, los proceso de resolución pueden extenderse por más de dos años cuando se suman los tiempos entre el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema. Este retraso implica que las aprobaciones ambientales, que deberían ofrecer certeza, están en riesgo de ser prolongadas indefinidamente, afectando directamente la previsibilidad del momento en que un proyecto puede comenzar sus actividades.
Los sectores más golpeados por esta situación son minería, energía e infraestructura, que requieren fuertes inversiones y presentan una complejidad ambiental significativa. Galaz resalta que, especialmente para la minería, el costo de oportunidad es crítico, ya que los ciclos de precios favorables en los metales son fugaces y no se pueden desaprovechar. Los retrasos en la autorización de proyectos implican no solo una menor actividad económica y recaudación de impuestos, sino que también permiten que otros países capten las oportunidades que Chile no aprovechó, especialmente en el contexto de la transición energética global.
No obstante, Galaz subraya que este diagnóstico no busca socavar la institucionalidad ambiental del país, sino más bien buscar formas de perfeccionar el sistema. Propone mejorar los tiempos de respuesta y la claridad normativa, así como asegurar la participación temprana de las comunidades. «La protección ambiental y el desarrollo de proyectos no son objetivos contrapuestos, sino dimensiones complementarias», argumenta, sugiriendo que una mayor coordinación entre organismos públicos y una gestión más efectiva de las controversias podrían resolver estos conflictos sin sacrificar los estándares ambientales.
Finalmente, la directiva de MYMA advierte sobre un fenómeno preocupante: la creciente especialización de los actores que gestionan controversias ambientales. Aunque las reclamaciones a menudo terminan siendo confirmadas por los tribunales, lo cual valida la calidad de la evaluación ambiental, también revela una ineficiencia en los tiempos de resolución. La disparidad entre la duración de los litigios y el resultado, que suele ser la confirmación de decisiones administrativas, muestra la necesidad de establecer filtros de admisibilidad más riguroso y plazos razonables para la tramitación de reclamaciones. Galaz propone que se implementen exigencias de fundamentación más estrictas y mecanismos de evaluación anticipada para garantizar un proceso más eficiente y predecible.
