La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha formulado cargos contra la empresa eléctrica CGE por graves irregularidades en los procesos de lectura de medidores y facturación, lo que genera preocupación entre los usuarios de las regiones de Maule y O’Higgins. Se ha confirmado que la compañía habría dejado de realizar lecturas reales de los medidores de miles de clientes durante los meses de julio y agosto de 2025, lo que conllevó a que muchos recibieran boletas con consumos provisorios sin el debido aviso de que estos eran estimaciones. Esto ha derivado en alzas significativas en las cuentas de electricidad de los usuarios en agosto, causando descontento y confusión entre los afectados.
La SEC ha subrayado que este incumplimiento manifiesta serias deficiencias en la gestión comercial de CGE. La regulación vigente establece claros estándares de calidad de servicio, obligando a las empresas a realizar mediciones precisas, facturación correcta y entrega transparente de la información a sus consumidores. Sin embargo, la empresa no solo falló en la realización de lecturas precisas, sino que también entregó datos inconsistentes en la plataforma utilizada para reportar los Consumos No Registrados (CNR). En lugar de usar el número de cliente correcto, registraron la información con el número de instalación, lo que ha obstaculizado la capacidad de la SEC para ejercer un control efectivo sobre el proceso de facturación.
El superintendente (s) de la SEC, Marcelo Abril, enfatizó la importancia de que los ciudadanos reciban facturas claras y justas, afirmando: «El derecho de las y los ciudadanos a recibir una facturación correcta, transparente y ajustada a la normativa es irrenunciable. Ni un peso más, ni un peso menos.» La situación actual refleja una violación a la confianza que los usuarios deben tener en los servicios públicos, y los cargos formulados buscan establecer una respuesta contundente ante este tipo de violaciones normativas.
Las implicaciones de estos cargos son severas, ya que las sanciones que enfrenta CGE podrían ser de hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que equivale a más de 8.000 millones de pesos. Esta cifra representa un costo significativo para la empresa y marca un precedente en la regulación del sector eléctrico en Chile. Mientras tanto, en las regiones afectadas, CGE no podrá realizar cobros asociados a los Consumos No Registrados hasta que se regularicen los procesos, lo que podría añadir más presión sobre la compañía y sus clientes.
La SEC ha iniciado un proceso de fiscalización más riguroso para asegurar que situaciones como estas no se repitan en el futuro. La confianza de la ciudadanía en los servicios básicos está en juego, y es fundamental que las empresas cumplan con los estándares establecidos para garantizar una relación justa y transparente con los usuarios. Las próximas semanas serán clave para ver cómo se desarrolla este caso y las acciones que tomará CGE en respuesta a los cargos formulados.
