Diseñar políticas, evaluar proyectos y ejecutar infraestructura corresponden a etapas distintas de una misma cadena. La trayectoria de Paola Basaure, de larga experiencia en el rubro, permite observar qué aprendizajes aparecen cuando una decisión pasa desde los documentos y procedimientos hacia el territorio. Información temprana, criterios claros, coordinación entre actores y conocimiento de las condiciones reales de ejecución forman parte de esa mirada.
Un proyecto de infraestructura atraviesa varias etapas antes de entrar en funcionamiento, desde la necesidad, alternativas, estudios, ingeniería, permisos, evaluación ambiental, construcción, puesta en servicio y operación. Cada etapa incorpora actores distintos y produce información nueva.
La experiencia corporativa de Paola Basaure, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Gestión Socioambiental en Transelec, la principal empresa transmisora del país, permite mirar ese recorrido desde posiciones diferentes.
En su trayectoria ha trabajado vinculada a la toma de decisiones sobre desarrollo y operación de infraestructura. Ese recorrido abre una pregunta relevante para la ejecutiva. ¿Qué conocimiento generado durante la ejecución de los proyectos puede contribuir también a mejorar su planificación y coordinación institucional?
La respuesta apunta menos a comparar instituciones y más a conectar etapas que muchas veces trabajan con escalas de información diferentes.
La ejecución permite comprobar qué información era realmente necesaria
Antes de construir una obra existe una enorme cantidad de antecedentes: estudios ambientales, planos, modelos, memorias técnicas, catastros y procedimientos pero cuando el proyecto llega al terreno aparecen niveles adicionales de detalle.
Esta experiencia explica por qué Basaure plantea que las variables socioambientales deben participar desde el origen de una iniciativa. En Transelec, señala, su área interviene desde que aparece una idea de negocio, una adquisición, una nueva obra o un proyecto, de manera que esos antecedentes formen parte de las primeras decisiones.
El aprendizaje que puede desprenderse para la planificación pública es directo. La información temprana adquiere mayor valor cuando permite modificar decisiones antes de que estén completamente cerradas.
Esto implica preguntarse desde el inicio qué variables pueden condicionar realmente la ejecución como regulación, ingeniería y geografía.
Pero también importan elementos más tangibles como los accesos, actores locales, usos del territorio, restricciones ambientales y condiciones que solo se hacen visibles mediante trabajo de campo.
Cuanto antes aparecen esas variables, mayor es la posibilidad de incorporarlas de manera ordenada.
El territorio puede aportar información que un expediente todavía desconoce
Otra dimensión surge del trabajo territorial. Basaure describe la metodología de Transelec en equipos que llegan previamente a las zonas para entender las situaciones locales. El proceso incluye entrevistas, conversaciones, grupos y foros destinados a conocer qué ocurre en cada lugar y cómo es percibida una futura intervención.
Este tipo de información cumple una función distinta a la de un estudio especializado. Y es que una conversación puede revelar que cierto camino tiene un uso comunitario intenso, que una actividad productiva depende de un espacio específico o que existe una preocupación local que requiere mayor explicación.
Ambas fuentes ayudan a comprender el mismo territorio desde ángulos diferentes.
Para las instituciones públicas, este aprendizaje puede traducirse en una mayor valoración de los mecanismos que permiten obtener antecedentes locales antes de que las decisiones alcancen un nivel avanzado de definición.
Un criterio claro ayuda a coordinar decisiones distintas
Los grandes proyectos requieren la participación de numerosos organismos donde cada institución tiene competencias propias, procedimientos específicos y objetivos regulatorios determinados. La calidad del proceso depende también de cómo esas decisiones se conectan.
Desde su experiencia actual, Basaure ha planteado la necesidad de reconocer estratégicamente determinadas infraestructuras que tienen relevancia para el país, citando proyectos vinculados con energía, agua y carreteras. Su planteamiento apunta a mantener el cumplimiento normativo y, al mismo tiempo, otorgar una mirada prioritaria a obras que cumplen una función sistémica.
Cuando existe claridad respecto de la función de un proyecto, las distintas etapas pueden compartir mejor una visión sobre su importancia, sus restricciones y los antecedentes que requiere.
Esto adquiere especial relevancia en infraestructura que atraviesa varias jurisdicciones y necesita permisos provenientes de múltiples organismos.
“La coordinación mejora cuando cada actor entiende qué necesita del anterior y qué debe entregar al siguiente”, explica Basaure.
Por ejemplo, ese intercambio puede ser especialmente valioso cuando una exigencia técnicamente correcta necesita adaptarse a geografías, tecnologías o condiciones operacionales distintas.
Quienes ejecutan proyectos acumulan información sobre tiempos reales, disponibilidad de proveedores, ventanas climáticas, accesos, secuencias de obra, tecnologías disponibles y formas de cumplir determinados objetivos ambientales.
Esa información puede retroalimentar criterios, guías y procesos futuros. Al respecto, Basaure menciona tecnologías que Transelec ha explorado para reducir impactos y señala que algunos desarrollos han despertado interés desde organismos públicos para analizar su eventual incorporación en criterios aplicables a otros proyectos.
La coordinación necesita continuar después de la aprobación
Un proyecto aprobado todavía tiene por delante su construcción y operación. Durante esas etapas surgen decisiones que requieren coordinación con autoridades, comunidades, contratistas y equipos internos.
Basaure plantea que la sostenibilidad se relaciona con una presencia de largo plazo en el territorio. Su descripción utiliza una idea sencilla: la empresa pasa a ser un vecino que permanecerá en el lugar y compartirá ese espacio durante años.
La relación entre proyectos y organismos públicos tiene continuidad más allá del permiso original. Existen fiscalizaciones, modificaciones, mantenimientos, emergencias y nuevas condiciones que pueden requerir coordinación durante la vida útil de un activo.
Un enfoque de ciclo de vida ayuda a evitar que cada etapa se analice como un compartimento independiente.
El aprendizaje principal está en conectar planificación y ejecución
La infraestructura se materializa cuando una serie de decisiones consigue mantenerse coherente desde la planificación hasta la operación. Desde la experiencia de Basaure aparecen cuatro elementos recurrentes: información disponible desde etapas tempranas, criterios comprensibles, coordinación entre actores y conocimiento directo de las condiciones de ejecución.
Estos elementos pueden fortalecer tanto el trabajo empresarial como el institucional. El aporte de quienes ejecutan proyectos al sector público está principalmente en compartir evidencia sobre cómo las decisiones funcionan una vez aplicadas. El aporte de la institucionalidad está en transformar ese aprendizaje en reglas, criterios y procesos que permitan resguardar objetivos públicos de manera consistente.
Vista de esta forma, la relación entre ambos sectores tiene un componente de aprendizaje continuo.
Los grandes proyectos mejoran cuando la experiencia del terreno logra volver a la planificación y cuando la planificación llega al terreno convertida en decisiones claras, aplicables y coordinadas.
