La Contraloría General de la República ha hecho públicas graves irregularidades en el proceso de otorgamiento y renovación de licencias de conducir en las municipalidades de La Granja y San Ramón, destacando la entrega de permisos a personas que se encuentran privadas de libertad. Según el informe, en La Granja, se otorgaron licencias a 884 individuos condenados durante el período entre 2018 y 2024. Este alarmante hallazgo se dio a conocer tras un cruce de información con el Servicio de Registro Civil e Identificación, que evidencia serias falencias en la supervisión y el control de estos trámites por parte de los funcionarios encargados.
En particular, se identificaron tres casos en La Granja donde personas cumpliendo penas privativas de libertad obtuvieron réplicas de licencias, además de 83 permisos concedidos a quienes estaban registrados como deudores de pensiones de alimentos. Estos registros acumulaban deudas que sumaban, en total, más de 11 millones de pesos UTM. También se encontraron indicios de favoritismo, ya que algunos funcionarios municipales intervinieron directamente en el proceso de otorgamiento de licencias, favoreciendo a familiares en la aprobación de evaluaciones que son críticas para garantizar la aptitud para conducir.
La situación es igualmente preocupante en la municipalidad de San Ramón, donde se detectó el caso de un individuo que se encontraba encarcelado y, sin embargo, logró recibir una licencia de conducir. Ante este escenario, la Contraloría ha ordenado que se mantenga paralizado el sumario administrativo iniciado por la propia municipalidad y se derive el caso a la CGR para que se tomen decisiones adecuadas. Además, se hallaron 73 permisos otorgados a personas condenadas en 2023 y 2024, en irrespetuosa contravención a la ley de Tránsito.
Adicionalmente, se constató que el municipio de San Ramón había otorgado licencias sin que los solicitantes cumplieran con los requisitos mínimos exigidos por la normativa, tales como las evaluaciones de coordinación motriz, agudeza visual y otros exámenes cruciales para la obtención del documento. El desorden en el manejo documental fue otra de las críticas en el informe, que reveló que los expedientes estaban almacenados en condiciones inadecuadas, lo que representa un riesgo tanto para la integridad de los registros como para la transparencia del proceso.
A raíz de estas irregularidades, la Contraloría ha iniciado un sumario administrativo que tiene como objetivo aclarar y responsabilizar a los funcionarios involucrados. La auditoría también pone de manifiesto cobros erróneos en las licencias, por montos totalizando más de 1.7 millones de pesos, lo que incluye ingresos no regulados. Estas preocupantes revelaciones han sido remitidas al Ministerio Público, lo que podría desencadenar un proceso judicial en caso de que se determine que ha existido mala gestión o corrupción en el manejo de las licencias mayormente mal otorgadas.
