La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha tomado medidas contundentes contra seis compañías eléctricas tras recibir numerosas denuncias de electrodependientes que no fueron atendidos durante el megacorte de suministro de 2024. Las empresas CHILQUINTA, ENEL COLINA, FRONTEL, LITORAL, LUZ LINARES y SAESA se enfrentan a cargos después de que se descubriera que al menos 57 clientes, que dependen de un suministro eléctrico constante por razones de salud, intentaron en vano comunicarse para resolver sus problemas durante la crisis registrada. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la responsabilidad y el cumplimiento de las normativas por parte de las empresas responsables de estos servicios esenciales.
En detalle, las estadísticas revelan que LITORAL y CHILQUINTA fueron las más afectadas, con 13 clientes electrodependientes que no pudieron establecer contacto. ENEL COLINA, por su parte, no atendió a 10 clientes, mientras que SAESA, FRONTEL y LUZ LINARES recibieron quejas de 8, 7 y 6 clientes, respectivamente. En total, los afectados intentaron comunicarse en 238 ocasiones, una cifra que subraya la magnitud del problema. Este panorama no solo es preocupante sino que refleja una reiterada falta de atención por parte de las empresas, las cuales, según la legislación vigente, están obligadas a garantizar canales de atención preferentes a estos pacientes vulnerables.
La situación se complica aún más con la reformulación de cargos contra ENEL, que ya había enfrentado sanciones en marzo de este año. Se les acusa específicamente de no entregar equipos de respaldo adecuados a los electrodependientes, ignorar las llamadas de los tutores de estos pacientes y no priorizar el restablecimiento del servicio en los hogares de quienes dependen vitalmente de electricidad. La continuada falta de respuesta y atención de estas empresas pone de manifiesto una gran insensibilidad hacia la vida y bienestar de individuos en una situación de vulnerabilidad.
La superintendenta Marta Cabeza ha expresado su preocupación respecto a esta grave situación, enfatizando que la inacción de las compañías ante las solicitudes de ayuda es inaceptable. «Cuando se corta el suministro, hay una situación de riesgo vital que las empresas eléctricas deben prever», declaró Cabeza. La SEC se ha comprometido a seguir fiscalizando y monitoreando las acciones de las empresas para asegurar que se cumpla con la normativa. Las sanciones podrían alcanzar hasta las 10 mil UTA por cada empresa, un monto que se determinará tras la conclusión de las investigaciones pertinentes.
Estos hechos históricos han encendido el debate sobre la responsabilidad social de las empresas del rubro eléctrico, además de resaltar la necesidad de protocolos más eficaces que prioricen la atención de electrodependientes. La SEC es clara al afirmar que no tolerará la desidia de las compañías ante situaciones que comprometan la salud y la vida de personas que dependen de un suministro eléctrico seguro y constante. Con estas acciones, se espera que se logren mejoras significativas en la atención a pacientes electrodependientes y se eviten situaciones de crisis futuras.
