En la comuna de Lo Barnechea, específicamente en el sector de Quebrada Las Zorras en el Cerro 18, se ha desatado una violenta confrontación entre los pobladores del sector y Carabineros, en el marco de un operativo destinado a desalojar a aproximadamente 30 familias que ocupan terrenos de manera ilegal. Desde las primeras horas de la mañana, los vecinos han levantado barricadas y han utilizado bombas molotov para resistir el intento de desalojo, generando una situación tensa que ha llevado a un despliegue significativo de fuerzas policiales en la zona.
El coronel de Carabineros, Jaime Parraguez, informó que el operativo actual corresponde a la segunda etapa de un plan que prevé cinco procesos de desalojo a lo largo de un periodo programado por la Municipalidad de Lo Barnechea. A pesar de que las autoridades locales enviaron cartas certificadas a los ocupantes, otorgándoles un plazo de 30 días para abandonar el terreno, muchos se han resistido a dejar el lugar, empeorando la situación de conflicto.
De acuerdo a reportes, al menos cinco familias habrían accedido a abandonar las ocupaciones, sin embargo, son cerca de 25 las que aún se mantienen en el sector, desafiando las órdenes judiciales. La situación se ha agravado con el establecimiento de barricadas en las entradas y el lanzamiento de objetos hacia el personal policial, incluyendo el uso de miguelitos para impedir la movilidad de los vehículos de Carabineros.
Vídeos y fotografías del lugar muestran la magnitud del enfrentamiento, con llamas y humo en el horizonte y un fuerte contingente de Carabineros intentando restablecer el orden. Se han reportado heridos menores entre los pobladores y el personal de seguridad tras los enfrentamientos, lo cual ha llevado a las autoridades a evaluar la necesidad de reforzar la respuesta de manera inmediata.
Las protestas en la Quebrada Las Zorras reflejan una crisis más amplia relacionada con la vivienda y la ocupación de terrenos en Chile. Los pobladores argumentan que han encontrado en estas ocupaciones una necesidad básica, aunque la legalidad de sus acciones es cuestionada por las autoridades. Este conflicto subraya la compleja realidad social que enfrenta el país, donde el acceso a la vivienda digna sigue siendo un desafío para muchos ciudadanos.
