La célebre frase de George Orwell, «todos los animales son iguales… pero hay algunos que son más iguales que otros», resuena con inquietante claridad en el contexto del Complejo Hospitalario San José, un gigante de la salud pública chilena que se enfrenta a serios cuestionamientos sobre probidad y transparencia. En medio del escándalo nacional sobre licencias médicas, este centro de salud ha pasado a ser el epicentro de una realidad desgarradora: mientras más de un millón de pacientes del sector norte de Santiago enfrentan un sistema de salud desbordado, líderes gremiales parecen haberse beneficiado de sus posiciones de poder. Estos dirigentes, según denuncias, han blindado sus intereses personales en desmedro de los derechos de los trabajadores y de la atención al paciente, lo que plantea serias interrogantes sobre los valores éticos que deben imperar en la salud pública.
En el centro de este entramado se encuentra Luis Antonio Infante Barros, director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, cuya influencia en la administración pública se ha visto rodeada de controversias. A sus 78 años, el médico salubrista, con un pasado político en el MAPU, ha logrado mantenerse en posiciones de poder, gracias a su red de contactos y a unos cuestionados antecedentes de gestión. Infante no solo percibe un salario exorbitante de más de nueve millones de pesos mensuales —una cifra que escandaliza en un sistema en crisis— sino que su cónyuge, Catterina Ferrechio, también es parte del sistema de salud, lo que eleva los ingresos familiares a casi 18 millones de pesos mensuales. Este panorama lleva a cuestionar hasta qué punto los altos cargos en el sector salud están alineados con el bienestar de la ciudadanía y por qué se toleran estas anomalías en un país que exige más transparencia.
La trayectoria de Gregorio Riquelme Richeda, exjefe de comunicaciones del SSMN, sirve como un alarmante ejemplo de cómo algunos profesionales han cruzado la línea de la ética. El periodista, quien fue removido de Ciper Chile, se enfrenta ahora a múltiples demandas por acoso laboral, en un escenario donde su figura se posiciona más como un operador político que como un comunicador comprometido. A pesar de las denuncias en su contra, la administración del SSMN, lejos de tomar acciones ejemplares, ha optado por reubicarlo en posiciones privilegiadas, visibilizando la falta de mecanismos de protección para las mujeres que sufren acoso en el ámbito laboral. Con un salario mensual significativo y un entorno laboral convulso, la situación de Riquelme pone de relieve los peligros del encubrimiento de conductas abusivas en las instituciones de salud.
Fernanda Vidal Lagos, subdirectora subrogante del SSMN, es otro eslabón de esta cadena de irregularidades. A pesar de su escasa experiencia en Recursos Humanos, su elevado salario y la falta de un concurso público para su puesto destacan dentro de un sistema que debería priorizar la meritocracia. Su permanencia en la dirección desde hace casi dos años, ignorando los reclamos de los gremios, sugiere un estado de amiguismo que desafía la lógica de probidad en la gestión pública. La falta de acciones concretas por parte de Infante, quien parece más anclado a decisiones de su pasado que a las urgencias actuales del sistema, plantea un cuestionamiento serio sobre la capacidad de liderazgo necesaria para enfrentar las crecientes demandas de un sector en crisis.
La FENATS Histórica también está bajo el microscopio, con su liderazgo, representado por Mauricio Villablanca y Yessica Olivares, generando controversia por sus altos ingresos y la aparente falta de trabajo efectivo. Las acusaciones sobre la manipulación de beneficios gremiales y la inacción ante sueldos desproporcionados en comparación con los de sus compañeros, quienes laboran arduamente, alimentan un ambiente de indignación. Los sumarios congelados por Contraloría agravan la situación, generando desconfianza sobre la integridad de la burocracia detrás de la salud pública. Esta dinámica pone de manifiesto cómo, en la búsqueda de beneficios a título personal, la ética gremial se desdibuja y se convierte en un mero pretexto para la acumulación de privilegios, dejando en el aire la pregunta crucial: ¿quién se beneficia realmente de la salud pública en Chile?
