El 7° Juzgado de Garantía de Santiago ha decidido acoger la solicitud del abogado Luis Mariano Rendón, en relación a una querella interpuesta contra el actual fiscal nacional, Ángel Valencia. La acción legal se fundamenta en un retraso en la tramitación de una denuncia administrativa que involucra el uso indebido del nombre y la imagen de la Fiscalía en una declaración pública por parte de Valencia. Esta polémica surgió tras unas declaraciones en las que el fiscal nacional respondía a acusaciones realizadas por Juan Pablo Hermosilla, abogado del hermano de este último, Luis Hermosilla.
En dichas declaraciones, Ángel Valencia calificó como falsedades las imputaciones de Hermosilla, quien insinuó que el fiscal había estado en contacto con él y que estaba dispuesto a proporcionar información privilegiada sobre investigaciones que pudieran comprometer al presidente Sebastián Piñera. Este escenario ha causado revuelo en el ámbito judicial y ha generado reacciones inmediatas de la Asociación Nacional de Fiscales, así como de diversas organizaciones del Ministerio Público, quienes se han manifestado en defensa de la integridad de la institución.
Rendón, principal impulsor de la querella, ha enfatizado la gravedad de la situación, afirmando que el denominado «caso audios» ha desenmascarado un entramado corrupto vinculado al piñerismo que, según él, opera en los tribunales y en las fuerzas policiales. En su intervención, el abogado subrayó la importancia de continuar investigando la influencia y los vínculos existentes que pudieran haber llegado hasta la Fiscalía, instando a las autoridades a profundizar en las indagaciones relacionadas con Ángel Valencia.
Durante la jornada, la jueza Pilar Ahumada dirigió la audiencia en la que se abordaron estos temas, dejando claro que las investigaciones relacionadas con el fiscal nacional deben avanzar para esclarecer los hechos en su totalidad. La decisión del juzgado de no sobreseer la causa en este momento abre la puerta a un análisis más detallado del comportamiento de Valencia y a la posible implicación de otros actores en esta controvertida situación. Las palabras de Rendón han resonado en gran parte de la prensa y han reavivado la discusión sobre la confianza pública en las instituciones judiciales.
La resolución del 7° Juzgado de Garantía podría tener ramificaciones significativas, tanto para la carrera de Ángel Valencia como para la credibilidad del Ministerio Público en su conjunto. La ofensiva de la defensa de los fiscales y parte de la comunidad legal se produce en un contexto de creciente presión social por transparencia y justicia en el sistema judicial chileno. De esta manera, el caso no solo destaca la complejidad de las relaciones entre poder judicial y poder político, sino que también resalta la urgencia de respuestas claras y contundentes frente a las acusaciones de corrupción.
