El pasado 22 de diciembre de 2025, diversas organizaciones que representan a pescadores y armadores artesanales de la región del Biobío, incluyendo la Asociación Gremial de Pescadores y Armadores Artesanales Pelágicos y la Federación Sonapesca, alzaron su voz contra la Subsecretaría de Pesca debido a la reciente Resolución Exenta que permite la apertura del Registro Pesquero Artesanal (RPA) a nuevas embarcaciones. Según los dirigentes del sector, esta decisión, que contraviene el artículo 50 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, amenaza la sostenibilidad de las pesquerías, poniendo en riesgo las políticas establecidas para la conservación de los recursos marinos en pleno período de explotación.
La controversia se centra en la denuncia de que la autoridad pesquera, encabezada por el subsecretario Julio Salas, decidió abrir el RPA sin la consulta previa a los Consejos Zonales de Pesca ni la habilitación legal necesaria. Esta acción, según los representantes de la pesca artesanal e industrial, no solo infringe la legislación vigente, sino que también desnaturaliza el carácter cerrado de las pesquerías que han alcanzado su rendimiento máximo sostenible. La falta de un procedimiento adecuado para la incorporación de nuevos armadores es vista como una violación directa al deber del Estado de resguardar la conservación de los recursos hidrobiológicos.
En el escrito dirigido a la Contraloría Regional de Valparaíso, las organizaciones reclaman que la resolución emitida implica una incorporación masiva de armadores sin que haya vacantes que reemplazar, lo que exacerbaría la presión sobre los recursos pesqueros. Victoria Rubio, presidenta de la A.G. Coordinadora Nacional de Armadores Pesqueros Artesanales Costeros (CONAPESCA), enfatizó que esta medida puede crear un precedente peligroso que podría desarmar cualquier norma legal en el futuro por medio de resoluciones arbitrarias, lo que pone en riesgo la institucionalidad pesquera.
Asimismo, en la misma línea de preocupación, Macarena Cepeda Godoy, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, cuestionó la urgencia de la decisión del subsecretario Salas, acusándolo de actuar más por criterios políticos que por recomendaciones científicas. Cepeda destacó el caso del jurel chileno como un ejemplo de éxito que podría verse gravemente afectado si se debilitan las reglas de acceso y se omite la evidencia científica en la gestión pesquera, lo que podría poner en peligro la sustentabilidad de los recursos y el futuro de miles de familias que dependen del mar.
A pesar de la incertidumbre generada por la controversia, la ley de Fraccionamiento establece una nueva distribución de las cuotas pesqueras para el 1 de enero de 2026. Sin embargo, aún no se ha hecho pública la distribución regional de cuotas entre los actores del sector artesanal. Los pescadores y armadores artesanales, apoyados por varios sindicatos, esperan que la Contraloría actúe para asegurar un manejo responsable de los recursos pesqueros y proteger el futuro del sector, reforzando el compromiso con la sostenibilidad y la regulación que ha permitido la recuperación de pesquerías en Chile.
