Tras diversos hechos ocurridos entre los años 2016 y 2019, la salmonera de origen noruego Nova Austral ha estado en el ojo del huracán después de descubrirse un fraude perpetrado por una serie de altos ejecutivos que falsificaron la mortalidad real de los salmones. El objetivo era obtener los beneficios de la Ley Navarino. Según el Consejo de Defensa del Estado, toda la plana directiva de Nova Austral, incluyendo a su ex gerente general, Nicos Nicolaides, estuvo involucrada en esta operación, la cual hoy puede costarles hasta 10 años de cárcel a los responsables. La investigación que se lleva acabo al amparo de esa querella deberá determinar si los ejecutivos eran los únicos en Nova Austral que conocieron de este fraude.
Las aguas de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena son territorios muy apetecidos por las grandes industrias salmoneras. Una de las principales ha sido Nova Austral, que por varios años ha tenido presencia en el remoto lugar, lo que, hasta ahora, le ha permitido beneficiarse de los beneficios económicos que otorga la Ley Navarino. Sin embargo, la buena reputación que esa empresa había ganado se ha visto gravemente perjudicada por el fraude denunciado por el Consejo de Defensa del Estado y SERNAPESCA en 2019.
La Ley N° 18.392, más conocida como Ley Navarino, es una ley especial y de aplicación restringida que tiene por objeto apoyar a las industrias que se instalen en la Zona Austral de Chile de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Su objetivo es atraer empresas desarrollen actividades que rindan frutos en la Zona. Aquellas que cumplan con las exigencias de la Ley Navarino, gozan de un beneficio económico que les permite pedir del Fisco el reintegro del 20 % del valor de los bienes producidos en la Zona.
El caso de Nova Austral
Amparándose en la Ley Navarino, y simulando cumplir con sus exigencias -sobretodo medioambientales- Nova Austral obtuvo de parte del Fisco el reintegro de alrededor de $60 mil millones ($59.580.971.043), sin tener derecho a ellos, especialmente por infracciones medioambientales. Según se ha investigado, de 2015 a 2019 el hábitat de los salmones y otros peces se vio profundamente afectado por la mala disposición de tecnologías, lo que provocó una reducción del oxígeno en el ecosistema, fenómeno conocido como anoxia.
Según los querellantes, toda la plana directiva de Nova Austral montó un sistema para engañar a las autoridades y conseguir los beneficios de la Ley Navarino. Conforme a aquel engaño, se falsificaban datos relacionados con la mortalidad de los salmones, manteniendo una contabilidad paralela. Las cifras reales, durante el periodo de 2016 a 2019, fueron muy superiores a las informadas al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). Según se estima en el informe adjuntado a la querella del CDE, cerca de 3.583.933 salmones murieran injustificadamente en el periodo anteriormente detallado. La cifra de mortalidad que Nova Austral informó a las autoridades fue de 1.475.683 peces, es decir, casi el 40 % de la cifra real.
Consecuencias medioambientales
Como consecuencia, la empresa de origen noruego logró bonificaciones por Ley Navarino por más de $60 mil millones, que jamás debió recibir si Nova Austral hubiese dado a conocer la real mortandad de sus peces en la zona austral.
A modo de lavar su imagen, Nova Austral removió de su cargo a la plana ejecutiva, comenzando por su ex gerente general don Nicos Nicolaides, y a algunos otros altos ejecutivos. Al día de hoy -junto a la propia Nova Austral- enfrentan una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). La investigación que se lleva acabo al amparo de esa querella deberá determinar si los ejecutivos querellados eran los únicos en Nova Austral que conocieron de este fraude.
Los altos funcionarios de Nova Austral ─y aquellos otros directivos que resulten responsables según la investigación al amparo de la querella del CDE─ arriesgan hasta 10 años de presidio penitenciario.
Por su parte Nova Austral podría tener que restituir todos los beneficios que resulten indebidamente obtenidos. Esto quiere decir que podría perder todas sus concesiones marítimas en la Zona Austral, menos que logre acreditar que el fraude fue fraguado a sus espaldas por los ejecutivos querellados.
