La reciente propuesta de eliminación transitoria del IVA a la vivienda ha generado un intenso debate en torno a la reactivación económica y el acceso a la vivienda en el país. Claudia Meza, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, subraya la importancia de que el Estado no solo considere la pérdida de ingresos que esto implica, sino también cómo dicha medida podría influir en el mercado inmobiliario. Aunque la iniciativa puede estimular las ventas y mejorar la liquidez de las inmobiliarias, Meza advierte que la reducción del IVA podría no traducirse directamente en precios más accesibles para las familias que buscan adquirir una vivienda.
Meza señala que, aunque una vivienda más barata puede parecer atractiva en términos superficiales, el acceso real a la propiedad requiere un esfuerzo significativo por parte de los compradores, que incluye el ahorro para el pie, ingresos suficientes y la aprobación del crédito hipotecario. Por lo tanto, la eliminación temporal del IVA puede no ser suficiente para aliviar las barreras que enfrentan muchas familias en su búsqueda de un hogar. En este contexto, la académica insiste en la necesidad de que el Ministerio de Hacienda proporcione información detallada sobre el costo fiscal de esta medida, incluyendo proyecciones sobre la recaudación que se dejaría de recibir y cómo se espera recuperar parte de esos ingresos a través de la reactivación económica.
Además, Meza hace hincapié en la importancia de desglosar los beneficios derivados de la propuesta. Invocar la reactivación económica no justifica por sí solo la reducción impositiva, y es crucial evaluar cómo se distribuirán los beneficios de esta decisión. Si una gran parte de la reducción del IVA se queda en los márgenes de las empresas o si las compras de inversión que se realizarían de todas formas se ven favorecidas, el impacto en el acceso a la vivienda para las familias podría ser limitado. Para garantizar que el esfuerzo fiscal sea efectivo, se necesitan medidas claras y verificables que demuestren cómo la política realmente beneficia a los ciudadanos.
Para mejorar la propuesta de eliminación del IVA a la vivienda, Meza establece tres exigencias fundamentales. Primero, insta a que se publique una estimación del costo fiscal que esta medida representaría, así como el tratamiento de los créditos de IVA asociados a la construcción. En segundo lugar, destaca la necesidad de medir la rebaja efectiva de precios de forma comparativa, para evitar confundir los descuentos comerciales con los beneficios fiscales directos. Por último, propone una mayor focalización hacia la primera vivienda y la publicación de datos sobre cuántos hogares adicionales tendrían acceso a la propiedad gracias a esta medida.
En conclusión, la académica de UNAB subraya que reactivar el sector vivienda es una tarea que merece atención y, sobre todo, transparencia. Utilizar recursos públicos para impulsar el acceso a la vivienda implica una responsabilidad del Estado de rendir cuentas sobre el costo de las decisiones tomadas y el impacto real en las familias. Cada peso que el Estado deja de recaudar tiene un costo de oportunidad, y la ciudadanía tiene el derecho a conocer cuánto costará esta decisión y cuánto de este esfuerzo fiscal realmente alcanzará a quienes más lo necesitan.
