La reciente publicación de la Ley N.º 21.847 ha reconfigurado algunos aspectos clave en la implementación de la Ley N.º 21.368, que regula el uso de plásticos de un solo uso en el país. Este cambio normativo, lejos de ser visto como un retroceso en términos ambientales, debe interpretarse como un esfuerzo por crear una regulación que sea no solo ambiciosa, sino también técnicamente viable. La efectividad de una norma se mide no solo por su intención, sino por su capacidad de ser aplicada y supervisada eficazmente en el contexto real de los negocios.
Con la entrada en vigor de esta nueva ley, se mantiene la prohibición de vender productos de un solo uso en establecimientos, pero ahora excepcionando aquellos que estén hechos de madera, papel o cartón. Este aspecto es significativo, ya que la legislación anterior requería que estos materiales fuesen certificados como biodegradables, lo cual representaba un obstáculo adicional para muchos operadores. La simplificación de la normativa puede facilitar el cumplimiento por parte de los negocios, permitiendo un uso más amplio de estos materiales sin la carga de requisitos más estrictos.
Otra modificación importante es la extensión del plazo para la entrada en vigencia del reglamento, que pasa de seis meses a dos años. Además, se incorpora una solución transitoria que permitirá a los proveedores y comerciantes cumplir con los requisitos de certificación a través de documentos técnicos apropiados, como informes de ensayo. Este cambio debería ayudar a las empresas a adaptarse sin enfrentar sanciones inmediatas, lo que podría ser fundamental para asegurar la estabilidad en la transición hacia prácticas más sostenibles.
Sin embargo, con estos cambios viene la responsabilidad de que las empresas examinen sus procedimientos internos y adapten su cumplimiento a las nuevas normas. Restaurantes, supermercados, productores e importadores deben revisar sus matrices legales, contratos y políticas de compra para asegurar que satisfacen los requerimientos de la nueva ley. La trazabilidad en el cumplimiento se mantiene como un aspecto crítico, ya que las municipalidades seguirán siendo las responsables de la fiscalización y las sanciones estarán bajo la autoridad de los Juzgados de Policía Local.
Finalmente, es crucial reconocer que la continua modificación de la Ley N.º 21.368 a lo largo del tiempo ha planteado desafíos para las empresas, que deben invertir en adaptar sus operaciones a regulaciones que pueden cambiar. La sostenibilidad regulatoria no solo depende de las normas que se implementan, sino también de la capacidad del Estado para proporcionar directrices claras y estables. La Ley N.º 21.847, al agregar flexibilidad, ofrece una nueva oportunidad para que las empresas refuercen su cumplimiento normativo y contribuyan realmente a los objetivos ambientales, mejorando así su impacto en el medio ambiente sin sacrificar la viabilidad operativa.
