El tribunal comenzó el proceso de revisión de la medida cautelar impuesta a Quiborax S.A., que prohíbe las actividades operacionales en el Salar de Surire. Esta revisión se realiza en el marco de la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que alega un daño ambiental significativo en la zona. La empresa ha solicitado un levantamiento parcial de la medida cautelar, permitiendo realizar actividades limitadas que incluyan la nivelación y el retiro de material acumulado para su traslado a la Planta El Águila. La solicitud de la empresa surge tras la última extensión de la medida, decretada el 26 de marzo, que afecta severamente sus operaciones y su estabilidad económica.
Durante la audiencia, el abogado Mario Galindo, representante de Quiborax, expuso los impactos negativos que la suspensión ha tenido en la empresa. Argumentó que la situación podría llevar a la «liquidación forzada de la compañía» y destacó que la empresa ha operado de manera lícita durante años bajo las autorizaciones otorgadas por el estado. En su defensa, enfatizó que la solicitud para realizar actividades de explotación se basa en fundamentos sólidos, no en conjeturas, indicando que están dispuestos a operar bajo un régimen acotado en 12 polígonos específicos entre los meses de mayo y diciembre.
Por otra parte, el abogado Hubo Botto, quien representa a las comunidades cercanas al Salar de Surire, destacó cómo la medida ha perjudicado a los habitantes locales, quienes han enfrentado una crisis económica, social y cultural por el cese de las actividades de Quiborax. Este impacto, según Botto, ha fracturado la cohesión social y ha afectado la subsistencia de la comunidad. Asimismo, el abogado de los sindicatos de trabajadores, Gastón Padilla, respaldó este argumento, subrayando la difícil situación que atraviesan tanto los empleados de Quiborax como sus familias, y solicitando que se leve la medida cautelar para permitir operaciones limitadas.
En contraposición, el representante del CDE, Agustín Tello, advirtió sobre los riesgos que podría conllevar el levantamiento parcial de la medida. Afirmó que la protección del Salar no puede fragmentarse, ya que cualquier actividad extractiva, incluso en áreas no directamente afectadas, podría impactar negativamente en el ecosistema completo. Tello argumentó que la falta de evidencia científica que respalde la solicitud de Quiborax para levantar la medida cautelar es motivo suficiente para mantenerla, enfatizando que las propuestas de la empresa reflejan una intensificación de la extracción en comparación con el año anterior.
Finalmente, el abogado Antonio Pulgar, representante de los terceros adyuvantes en defensa del CDE, remarcó la necesidad de que se base la discusión sobre la posible modificación de la medida cautelar en hechos concretos y en información técnica. Se mostró en desacuerdo con el levantamiento de la medida y respaldó la postura de la parte demandante, subrayando la importancia de valorar cuidadosamente los impactos ambientales y sociales antes de tomar una decisión. Ahora, los ministros del tribunal deben evaluar los antecedentes presentados y decidir si procede levantar parcialmente la medida cautelar, un resultado que podría tener consecuencias significativas tanto para la empresa como para el ecosistema del Salar de Surire.
