En el contexto de la riqueza minera de la región de Atacama, la doctora Solange Vargas, académica de la Universidad de Atacama, ha expresado su interés sobre la reciente reforma al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°17/2024). Esta reforma ha sido promovida por el Gobierno como una herramienta destinada a agilizar los procesos de aprobación, una cuestión que ha suscitado intensas discusiones entre los académicos y los especialistas del sector. En un territorio donde la minería juega un papel crucial, se plantea la interrogante de si estas modificaciones realmente simplifican las gestiones para los titulares de proyectos o si, por el contrario, no logran cumplir con las expectativas generadas. Vargas ha señalado que, desde una perspectiva inicial, los ajustes realizados en el artículo 3 son un avance positivo.
Uno de los cambios más significativos de la reforma consiste en que las líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje solo deberán ingresar al sistema si superan los 2 kilómetros de extensión. Esta medida, que busca liberar a los pequeños proyectos del agobio burocrático de un ingreso obligatorio, resulta especialmente relevante en el contexto regional. Al eliminar del marco de evaluación ambiental a proyectos de menor impacto, la espera y los tiempos de respuesta pueden optimizarse para lo que realmente importa: la evaluación de los grandes proyectos mineros que son fundamentales para el desarrollo económico de Atacama. Vargas destaca que esta simplificación es un paso hacia una gestión más eficiente de los recursos involucrados en proyectos energéticos.
Sin embargo, no todo es un panorama de optimismo en torno a la reforma. Desde instancias como el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, han surgido críticas respecto a las «expectativas frustradas» que podría generar esta modernización. Aunque se reconocen las mejoras técnicas en los umbrales de evaluación, se argumenta que la reforma no aborda las cuestiones más profundas de la gestión política y la discrecionalidad, que a menudo obstaculizan la inversión en el sector minero. Esta preocupación resuena con los habitantes de Atacama, quienes apuntan que la «certeza jurídica» sigue siendo un concepto esquivo en ausencia de soluciones efectivas que contemplen la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional.
La directora nacional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, ha subrayado la importancia de lo que ella denomina una «mega-modernización» que trasciende el uso del papel en los procesos evaluativos. Su propuesta, centrada en transformar digitalmente el sistema y estandarizar criterios, busca generar un entorno más predictible y menos engorroso para la implementación de proyectos en la región. Este enfoque es especialmente relevante para Atacama, donde las consideraciones logísticas son críticas debido a las distancias y la geografía del desierto. La revolución digital en la administración de estos trámites podría significar un impulso significativo para mantener la competitividad regional.
Uno de los aspectos más aclamados entre los académicos es la simplificación de procesos para el reprocesamiento de relaves, historia que tiene un peso específico en la tradición minera de Atacama. La reforma permite que los residuos generados se reutilicen como recursos valiosos sin requerir un nuevo y extenso proceso de evaluación, siempre que se ajusten a los parámetros de la RCA original. Esto es considerado un avance hacia una minería más sostenible y consciente del medio ambiente. En conclusión, aunque la reciente reforma ofrece avances técnicos que despejan la maleza administrativa de proyectos menores, Vargas y otros académicos afirman que queda aún mucho por hacer en términos de reformas estructurales que aseguren una evaluación ambiental robusta, protegiendo así el frágil desierto sin asfixiar el motor económico de la región.
