Chile ha consolidado su reputación como un país atractivo para las inversiones, destacándose por su sistema de evaluación de impacto ambiental que, aunque aún necesita ajustes, goza de mucha legitimidad y seriedad. La abogada Valentina Durán, quien ha liderado el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) desde la llegada de Gabriel Boric a la Presidencia en 2022, resalta que el año pasado se alcanzó un récord histórico de inversión, con 41,500 millones de dólares, y que en los últimos cuatro años se aprobaron proyectos por un total de 97,000 millones de dólares. Esta cifra no solo supera el promedio de los tres gobiernos anteriores, sino que también demuestra que una rigurosa evaluación ambiental puede coexistir con un desarrollo económico sostenible.
Durán, quien se prepara para dejar su cargo en el traspaso de la administración a José Antonio Kast, se ha enfrentado a las críticas relacionadas con la «permisología» y los estrictos trámites ambientales que deben seguir los proyectos de inversión. A pesar de la controversia, defiende la necesidad de un marco regulatorio que no solo asegure el respeto al medio ambiente, sino que también permita una mayor celeridad en la aprobación de los permisos necesarios. La administración actual ha mostrado un compromiso con la modernización de estos procesos para facilitar las inversiones, reconociendo que la protección del medio ambiente es esencial para un desarrollo sostenible.
En entrevistas recientes, Durán enfatizó que todos coinciden en la importancia de los permisos para los proyectos, ya que en caso de un contratiempo, la primera pregunta que surge es quién otorgó la autorización. Conscientes de esto, el gobierno ha procurado acelerar los plazos de obtención de permisos sin sacrificar los estándares ambientales. Con medidas legislativas y una serie de reformas normativas, se busca facilitar la inversión mientras se mantiene el compromiso con la salud pública y el entorno natural.
La nueva ley de autorizaciones sectoriales y el proyecto de modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) son pasos concretos hacia esa agilidad. Según Durán, aquellos proyectos que se preparan adecuadamente desde el inicio, llevando a cabo consultas ciudadanas y alineándose con el sistema existente, muestran mejores resultados en términos de aprobación y rapidez. En este contexto, la preparación del privado es clave; un proyecto bien estructurado tiende a requerir menos tiempo para responder a las preguntas de las autoridades, lo que contribuye a una mayor eficiencia.
Con el notable aumento de la inversión y la capacidad de la administración para gestionar de manera más eficiente los trámites ambientales, Chile se posiciona como un líder en la promoción de inversiones que respete el medio ambiente. Durán concluye que el camino seguido demuestra que la inversión y la protección ambiental no son mutuamente excluyentes, sino más bien componentes complementarios para el progreso del país. Esto no solo proporciona certidumbre a los inversionistas, sino que también se traduce en un compromiso con un desarrollo sostenible que beneficie a todos los chilenos.
