El desarrollo de infraestructura hídrica en Chile ha cobrado una importancia fundamental en el contexto del cambio climático, la creciente escasez de agua y el aumento de la demanda de recursos hídricos. Actualmente, el país alberga una ambiciosa cartera de 64 proyectos en distintas etapas, que suman más de USD 25 mil millones en inversiones. Estas iniciativas, que incluyen la desalación y el reúso de aguas residuales, se presentan como esenciales para incrementar la resiliencia hídrica nacional y mitigar la presión sobre fuentes continentales, garantizando así un suministro adecuado para el consumo humano, la agricultura y la minería, claves para la economía chilena.
No obstante, la ejecución de estos proyectos se enfrenta a un desalentador desafío: un marco regulatorio complejo y las dificultades asociadas a la ‘permisología’. La superposición de normativas y la burocracia de múltiples organismos generan incertidumbre y demoras que afectan directamente la operación y planificación de estas iniciativas tan críticas. A medida que el sistema normativo está en proceso de modificación, con propuestas como la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y la discusión acerca del reúso de aguas, se vuelve crucial encontrar un equilibrio entre la protección ambiental y la eficiencia del marco regulador para facilitar la inversión necesaria.
Francisco de la Barra, socio de Barros & Errázuriz, recalca la necesidad de clarificar la clasificación de autorizaciones sectoriales para brindar certeza a los inversionistas en el sector hídrico. Según de la Barra, el éxito de la nueva legislación dependerá de la bie ninterpretación y aplicación de los nuevos plazos administrativos y de la correcta fiscalización por parte de organismos como la Contraloría. Además, enfatiza la importancia de una reglamentación que no imponga nuevas cargas burocráticas, sino que habilite la rápida ejecución de proyectos que garantizan la seguridad hídrica del país.
En el ámbito de la concesión marítima especial, se busca asegurar la continuidad jurídica de plantas existentes a la par que se introducen nuevas normativas de fiscalización. La propuesta de otorgar derechos preferenciales a los actuales titulares para solicitar renovaciones es un paso positivo. Sin embargo, se plantean desafíos significativos, como la exigencia de destinar un porcentaje del caudal al consumo humano, que podría poner en riesgo la viabilidad operativa de muchas instalaciones diseñadas hace décadas. Esta flexibilidad es fundamental para mantener el equilibrio entre producción y sostenibilidad.
Por último, se destaca la importancia de integrar necesarios mecanismos de reúso de aguas residuales en la planificación hídrica. Las normativas deben ser coherentes con la ley sanitaria actual y contemplar incentivos económicos que fomenten estas inversiones estratégicas. La clave está en no ver la desalación y el reúso como soluciones opuestas, sino como componentes complementarios dentro de un enfoque integral de manejo hídrico, priorizando la eficiencia en el uso del agua y la reducción de pérdidas, lo cual es esencial para enfrentar los retos ambientales del futuro.
