La Contraloría Regional de Tarapacá ha hecho un descubrimiento alarmante en relación con la administración de los recursos públicos por parte del Gobierno Regional de Tarapacá (GORE). A través de un exhaustivo proceso de fiscalización que abarcó 66 iniciativas financiadas mediante transferencias a organizaciones de la sociedad civil, se detectaron múltiples irregularidades que han puesto en entredicho la transparencia y la adecuada utilización de fondos públicos. En respuesta a estas incongruencias, la Contraloría ha instruido a la GORE a implementar diversas medidas correctivas y ha exigido la restitución de los recursos implicados.
El informe N°510 de 2025 reveló que más de $58 millones fueron rendidos sin la documentación necesaria, lo que plantea serias dudas sobre la ejecución y supervisión de los proyectos. La falta de nóminas de asistentes, actas de entrega y otros documentos probatorios impide validar que los recursos se hayan utilizado efectivamente. Como resultado, se ha ordenado al GORE gestionar la devolución de estos fondos, además de la obligación de remitir los comprobantes contables del reintegro en un plazo de 60 días hábiles, lo que refleja un intento por restablecer la confianza en el uso de los recursos públicos.
La falta de actas que valide la ejecución de actividades fue otro hallazgo significativo, con 32 de las 66 iniciativas revisadas que no cumplían con esta obligación. Esta omisión infringe el deber del GORE de supervisar el progreso de los proyectos en terreno, lo que genera dudas sobre la efectividad de su fiscalización interna. En este contexto, se ha indicado que el GORE debe elaborar y enviar un plan formal de fiscalización en un plazo similar de 60 días, una medida necesaria para garantizar el seguimiento adecuado de futuras iniciativas y el uso responsable de los fondos.
Además de las irregularidades documentales, se han encontrado problemas en la entrega de equipos tecnológicos. En el caso de 14 notebooks asignados al proyecto de «Alfabetización digital y uso de comisaría virtual», por un total de $7.700.000, se carecía de la documentación que acreditara su entrega. Aunque la entidad devolvió estos fondos, no ha proporcionado explicaciones sobre por qué los equipos no fueron utilizados, a pesar de contar con facturas autorizadas previamente. Este incidente ha generado preocupaciones sobre la transparencia en la gestión de recursos destinados a la educación digital.
Finalmente, la Contraloría ha revelado que hay proyectos con rendiciones de cuenta sin justificar por $87.390.000, así como saldos pendientes de rendición que ascienden a $69.590.704, y un total de $96.400.469 en rendiciones observadas por falta de respaldos. Frente a esta situación, se ha ordenado la devolución obligatoria de estos montos, advirtiendo que se tomarán acciones judiciales si es necesario. Adicionalmente, se han identificado conflictos de interés que involucran a dirigentes de organizaciones beneficiarias y proveedores, lo que ha llevado a la Orden de restitución de $12.780.000 y una revisión más amplia de otras rendiciones no inicialmente consideradas.
