La Corte de Apelaciones de Santiago ha dado un paso significativo en el caso que investiga a Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, al acoger la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público. Este procedimiento, enmarcado en el caso conocido como «Muñeca Bielorrusa», pone en tela de juicio diversas irregularidades que habrían ocurrido en el máximo tribunal durante su gestión. La Primera Sala, compuesta por los ministros Fernando Carreño, Guillermo de la Barra y Fernando Valderrama, determinó que se cumplían todos los requisitos para iniciar el antejuicio contra la exmagistrada, lo que abre la puerta a la formalización de su investigación y eventuales acciones legales en su contra.
Los antecedentes expuestos ante el tribunal revelan indicios graves contra Vivanco. Se alega que, durante su tiempo como ministra, habría aceptado pagos por parte de abogados que representaban a la empresa chileno-bielorrusa CBM, a cambio de favorecer sus intereses en un litigio judicial contra Codelco entre 2023 y 2024. Esta relación, que se remonta al menos a 2022, se torna aún más problemática al considerar que la exministra no se inhabilitó para participar en decisiones que beneficiaron a CBM, lo que contraviene principios fundamentales de probidad administrativa y sus propias obligaciones estatutarias.
La decisión judicial también destaca que, durante la tramitación del litigio entre CBM y Codelco, Vivanco habría incurrido en múltiples infracciones a las normas de tramitación. Estas irregularidades fueron dadas a conocer por una Comisión de Ética encargada de investigar su conducta mientras ocupaba el cargo ministerial, subrayando así la gravedad de las acusaciones en su contra. En este contexto, los detalles de los procesos judiciales y el comportamiento de la exministra están bajo un escrutinio riguroso que podría tener serias repercusiones sobre su carrera y reputación.
La Corte, al acoger la querella, enfatiza que en esta fase del proceso es suficiente contar con indicios que permitan inferir la probable participación de Vivanco en los hechos delictivos. Esto significa que las alegaciones de la defensa sobre la falta de pruebas y la incapacidad de enjuiciar a su representada deberán ser debatidas en el juicio oral correspondiente, y no en esta etapa preliminar. Así, se establece un precedente sobre la naturaleza de las pruebas que pueden ser consideradas en un antejuicio de este tipo.
Finalmente, la sentencia concluye declarando admisibles todos los capítulos de la querella y su ampliación, lo que permite al Ministerio Público avanzar en la investigación y solicitar medidas cautelares personales contra Ángela Vivanco. La decisión abre la puerta a un proceso judicial que podría tener importantes implicancias no solo para la exministra, sino también para la percepción pública del Poder Judicial en Chile, que se enfrenta a un escrutinio considerable ante este tipo de acusaciones.
