La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha tomado medidas drásticas contra la empresa canadiense Cooke Aquaculture, imponiendo sanciones por múltiples infracciones ambientales en la región de Aysén. La autoridad ambiental ha confirmado la existencia de ocho violaciones en la ejecución de tres centros de engorda de salmón, entre los que se encuentran Punta Garrao y los centros Huillines 2 y 3, dos de los cuales se encuentran dentro de los límites del Parque Nacional Laguna San Rafael. Esta acción resalta la creciente preocupación por las prácticas de acuicultura y su impacto en los ecosistemas locales.
Uno de los principales motivos de la sanción fue la sobreproducción en el centro de engorda Punta Garrao, donde se alcanzaron 3.068,9 toneladas de producción, superando en un 22,72% el límite autorizado. Además, la SMA detectó que estructuras necesarias para la operación de este centro fueron instaladas fuera del área concesionada, lo que constituye una clara violación de las regulaciones ambientales vigentes. La falta de un plan de contingencia adecuado ante posibles derrames de hidrocarburos también fue un factor significativo en la decisión de clausura.
Por otro lado, los centros Huillines 2 y Huillines 3 enfrentaron sanciones debido a modificaciones sustanciales en sus proyectos sin la respectiva Evaluación de Impacto Ambiental. La empresa incrementó la producción de salmón mediante un sistema intensivo, superando las 35 toneladas adicionales sin contar con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Esto no solo contraviene las normativas establecidas, sino que también pone en riesgo la salud de los ecosistemas marinos aledaños.
Dentro de las irregularidades detectadas en Huillines 2 se encontró la colocación de estructuras fuera del límite de la concesión, así como la presencia de residuos acuícolas en la costa cercana, lo que evidencia un manejo inadecuado de los desechos generados por la actividad de engorda de salmones. Estas prácticas, además de ilegales, comprometen la calidad de las aguas y la biodiversidad del área costera, subrayando la necesidad de un control más estricto sobre la industria acuícola en la región.
Como resultado de estas infracciones, la SMA ha decidido clausurar los centros Huillines 2 y Huillines 3 y ha impuesto una multa considerable de 1.660,6 UTA. La sanción será elevada al Tribunal Ambiental para su revisión, lo que marca un paso importante en la lucha por una acuicultura sostenible y responsable en Chile. La respuesta contundente de la SMA refleja el compromiso del gobierno chileno de proteger sus recursos naturales frente a prácticas empresariales dañinas y refuerza la importancia de seguir procedimientos ambientales adecuados en el sector.
