En un revelador informe publicado por la Contraloría General de la República (CGR), se dio a conocer que un asombroso total de 13.286 funcionarios públicos asistieron a casinos de juego mientras se encontraban con licencia médica durante el periodo 2023-2024. Esta situación no solo refleja un uso indebido de recursos de salud, sino que también pone de manifiesto una falta de ética entre quienes deben ser ejemplos de responsabilidad pública. Este informe, que forma parte del 15° Consolidado de Información Circularizada (CIC), utiliza datos cruzados de la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) para revelar la magnitud de esta problemática.
Los datos recopilados muestran que estos funcionarios presentaron un total de 14.599 licencias médicas, de las cuales se ha comprobado que la mayoría no fueron respetadas. La CGR detalló que se registraron 14.923 asistencias a casinos, evidenciando así un evidente abuso de la licencia médica, la cual debería ser utilizada exclusivamente para facilitar la recuperación de los trabajadores. Los casinos ubicados en las regiones de O’Higgins, Biobío y Valparaíso fueron los más visitados, lo que indica que las estrategias de supervisión deben ser reconsideradas para abordar el uso inapropiado de las licencias.
El análisis realizado permitió identificar que O’Higgins lidera el número de visitas a casinos con 3.376 registros, lo que representa un 23% del total. En Biobío se contabilizan 2.180 visitas (15%), mientras que Valparaíso ocupa el tercer lugar con 2.162 asistencias (14%). Por otro lado, las regiones de Los Lagos y La Araucanía también mostraron números preocupantes con 1.454 (10%) y 1.125 (7%) visitas respectivamente. La información implica que 14.599 licencias médicas fueron mal gestionadas, afectando la credibilidad de 799 entidades gubernamentales.
Dentro de las entidades con más casos de licencias mal utilizadas, resaltan organizaciones como la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que reportó 516 licencias, y la Fundación Integra, con 480. También se destacan el Servicio de Salud de Concepción (332), el Servicio de Salud de O’Higgins (233), la Corporación Nacional del Cobre (211), y el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (182). Estos datos evidencian la urgencia de una revisión exhaustiva del uso de licencias por parte de los funcionarios en estas instituciones, pues comprometen la confianza pública.
Debido a la gravedad de los hallazgos, la CGR se comprometió a notificar a las instituciones involucradas para que se inicien procedimientos disciplinarios pertinentes. Además, la información y los documentos de respaldo serán enviados a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) para que actúen conforme a sus competencias legales. Asimismo, el caso será trasladado al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para investigar posibles delitos relacionados con esta situación. La lucha contra el mal uso de licencias médicas es crucial para fortalecer el sistema de salud y la integridad del servicio público.
