El suelo, a menudo subestimado, representa el mayor sumidero de carbono terrestre del planeta. Este recurso vital no solo está compuesto por minerales y piedras, sino que es un ecosistema vibrante, poblado de microorganismos que desempeñan un papel crucial en los servicios ecosistémicos que permiten la vida en la Tierra. Sin embargo, el calentamiento global plantea un gran riesgo: la liberación del carbono almacenado en los suelos, lo que convertiría a estas tierras en emisores de gases de efecto invernadero. Esta preocupación ha llevado a la comunidad científica a enfocar sus esfuerzos en entender y mitigar los efectos del cambio climático sobre estos sumideros esenciales.
La actividad microbiana del suelo es fundamental para la equilibrada regulación del carbono en la atmósfera. Estos diminutos organismos convierten y almacenan el carbono orgánico, que proviene de elementos como hojas caídas y restos de plantas en descomposición. Gracias a esta transformación, el suelo no solo actúa como un captador de carbono, sino que también potencia su capacidad de absorber agua, minimiza el riesgo de inundaciones y proporciona nutrientes indispensables para el crecimiento de la vegetación. Sin una adecuada intervención y preservación de estos microbios, se corre el riesgo de alterar un equilibrio crítico que sostiene la vida en la Tierra.
A nivel mundial, la crisis del sistema alimentario se profundiza. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advierte sobre el alarmante descenso en la producción agrícola, mientras que la ONU pone en jaque la disminución de la biodiversidad microbiana y la productividad de los suelos. En este contexto, la restauración de suelos degradados se presenta como un proceso lento y costoso, lo que resalta la necesidad urgente de implementar prácticas sostenibles que eviten la erosión y la pérdida de nutrientes, así como la contaminación del suelo. Estas prácticas son cruciales para asegurar la continuidad de la producción agrícola en un tiempo donde cada vez será más difícil mantener nuestros sistemas alimentarios.
En el ámbito nacional, Chile se enfrenta a grandes desafíos. Es uno de los pocos países de la OCDE que aún no cuenta con una Ley de Protección de Suelos, a pesar de los llamados constantes de distintos sectores. Esta falta de legislación es preocupante, especialmente al considerar que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que, de continuar por este camino, la superficie de suelo productivo podría reducirse a la mitad para el año 2050. Esto haría prácticamente imposible satisfacer las necesidades alimenticias de una población mundial que se proyecta alcanzará los 9 mil millones de personas. La única salida parece ser incrementar los rendimientos agrícolas, lo cual es una tarea monumental en suelos que ya están empobrecidos.
Los cambios en los hábitos alimenticios de la sociedad actual, que exigen un uso intensivo del suelo, agravan aún más la situación. La creciente demanda de productos cárnicos y lácteos implica necesitar más de 1.000 millones de toneladas adicionales de cereales y unos 200 millones de toneladas de productos ganaderos para 2050. Además, existe una significativa desigualdad en el acceso a la tierra, donde las áreas cultivables apenas alcanzan a 23,5 millones de hectáreas, menos de un tercio del territorio nacional. Efectos negativos como el avance urbano descontrolado y la contaminación también contribuyen a la pérdida de suelo, haciendo aún más imperativo adoptar políticas públicas que protejan este recurso vital y esencial para el futuro de nuestro país.
