La discusión sobre el proyecto de ley que modifica las atribuciones de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) se ha intensificado en el Congreso, resaltando la importancia de este tema para la actividad económica en Chile. La Cámara Chilena de la Construcción (CChC), aunque reconoce los esfuerzos por mejorar la eficiencia de la SMA, ha expresado preocupaciones sobre el aumento de las atribuciones de la entidad, advirtiendo que esto podría afectar la certeza jurídica necesaria para fomentar inversiones. Desde la presentación de la iniciativa en enero de 2024, el gremio ha estado vigilante y ha participado activamente en todas las fases del proceso legislativo, buscando asegurar que se mantenga un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico del país.
La relevancia de este proyecto de ley para las inversiones en Chile radica en los permisos necesarios que deben obtenerse para llevar a cabo cualquier proyecto de construcción. La SMA juega un rol crucial al evaluar el cumplimiento de estas obligaciones, lo cual es vital para la creación de un entorno de inversión propicio. Las sanciones posibles, que pueden alcanzar sumas significativas como multas de hasta 10.000 UTA, son factores que los inversionistas consideran al evaluar la viabilidad de sus proyectos. Así, cualquier cambio normativo que incremente la discrecionalidad de la Superintendencia podría generar incertidumbre y desincentivar la inversión, lo que a su vez afectaría el crecimiento económico del país.
Entre las principales preocupaciones del gremio de la construcción se destaca la eliminación de la intencionalidad como criterio para sancionar el fraccionamiento de proyectos. Este cambio permitiría que la SMA sancione a los titulares de proyectos sin necesidad de demostrar que hubo una intención de evadir la normativa ambiental, lo que pone a las empresas en una posición vulnerable ante posibles acusaciones de infracción. La construcción de proyectos por etapas es una práctica común, y no siempre está ligada a un intento deliberado de eludir los requisitos de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, esta modificación podría resultar en sanciones injustas y desproporcionadas, afectando la competitividad en el sector.
Otro aspecto crítico del proyecto de ley es la propuesta de transferir las competencias sobre ruidos a las municipalidades, lo que podría generar inconsistencias en la aplicación de la normativa ambiental. Esta descentralización podría resultar en un enfoque desiguale y en incentivos a la recaudación municipal que no necesariamente priorizan el cumplimiento efectivo de las normas ambientales. En consecuencia, existe un riesgo de que la regulación sea aplicada de manera desigual entre diferentes municipalidades, lo que podría llevar a un entorno de competencia desleal y a confusión entre los inversionistas sobre las expectativas normativas.
Frente a estos desafíos, la CChC ha presentado varias propuestas orientadas a equilibrar la modernización del sistema ambiental y el desarrollo de inversiones. Un aspecto clave es reconsiderar la eliminación de la intencionalidad en casos de fraccionamiento, así como establecer procedimientos claros y uniformes que aseguren el tratamiento adecuado de las infracciones. Además, el gremio aboga por un sistema que disminuya la carga de trabajo de la SMA relacionados con ruidos y que permita un enfoque diferenciado para sanciones, tomando en cuenta factores económicos. Estas propuestas buscan no solo mejorar la eficacia del sistema regulatorio, sino también fomentar un clima de inversión más estable y predecible en el país.
