Con la firma de un convenio de colaboración entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Casa de Moneda de Chile y los gremios ANASAC, AFIPA e IMPPA, se ha conformado una mesa de trabajo que incluirá a la industria fitosanitaria, con el propósito de diseñar un piloto de trazabilidad y seguridad digital. Este esfuerzo busca identificar el origen de los productos fitosanitarios, prevenir manipulaciones en su distribución y avanzar hacia una norma nacional de etiquetado que mejore la transparencia en el comercio de insumos agrícolas. La mesa de trabajo representa un avance significativo en la regulación del sector, a la vez que promueve prácticas más seguras y responsables en la comercialización.
El convenio establece el desarrollo de un piloto que permitirá validar en terreno un sistema de etiquetado, utilizando tecnologías de seguridad desarrolladas por Casa de Moneda, como códigos QR seguros y elementos antifalsificación. Estas herramientas son esenciales para asegurar la autenticidad de los productos, prevenir emisiones no autorizadas y facilitar el rastreo en la cadena de comercialización. Ángela Movillo, Gerenta Comercial de Casa de Moneda, manifestó que su compromiso con este proyecto es un paso hacia la modernización de la regulación, enfatizando que «este convenio representa una oportunidad para elevar los estándares del país y avanzar en una regulación moderna y efectiva».
En Chile, actualmente hay más de 1.400 productos fitosanitarios autorizados y alrededor de 300 empresas fabricantes e importadoras que enfrentan importantes desafíos en términos de trazabilidad. A pesar de los esfuerzos, continúan existiendo brechas que dificultan el control sobre la distribución y el uso de estos productos. Esto es particularmente relevante en el contexto de la Ley REP, que exige trazabilidad en la gestión de envases, y ante el problema de productos en zonas donde su uso está restringido, como en humedales o áreas protegidas, lo que plantea riesgos tanto para la salud pública como para el medio ambiente.
El Director Nacional del SAG destacó que «la trazabilidad no es solo una exigencia técnica: es una garantía para el consumidor, una herramienta para la industria y un deber del Estado». Con la creación de esta mesa de trabajo, se da un paso concreto hacia la alineación de la tecnología con los objetivos públicos de identificación y verificación de los productos desde su origen hasta su uso final, lo que fortalecerá el marco regulatorio y la confianza del consumidor en el sector fitosanitario.
El trabajo en conjunto de esta mesa también permitirá establecer un estándar mínimo de seguridad digital que se podrá escalar como futura norma nacional. Para los actores del sector privado, como ANASAC e IMPPA, esta iniciativa brindará mayor certeza jurídica y orden en la cadena de distribución, además de mejorar las condiciones para la competencia formal. Patricia Villarreal, directiva de AFIPA, subrayó la importancia de avanzar en tecnologías que refuercen la trazabilidad y seguridad, afirmando que «hoy más que nunca necesitamos trazabilidad, porque el mercado negro está creciendo y eso pone en riesgo la seguridad de toda nuestra agricultura». Este esfuerzo colaborativo es esencial para Chile, que busca fortalecer su fiscalización, seguridad sanitaria, y adaptación a exigencias internacionales.
