La violencia en los establecimientos educacionales de Chile ha alcanzado niveles críticos en las últimas semanas, con sucesos alarmantes que han puesto en jaque la seguridad de estudiantes y docentes. Un caso reciente en Pitrufquén, donde un estudiante agredió a su compañero con un arma de fuego dentro del aula, ha dejado a la comunidad escolar consternada. Además, se han reportado incidentes como la golpiza a una profesora en la región de Ñuble, quien sufrió una fractura de cráneo por parte de un alumno. Estas situaciones evidencian un deterioro alarmante en la convivencia escolar y ponen en riesgo la integridad de quienes día a día trabajan en la educación de los jóvenes del país.
Ante esta grave problemática, la Asociación de Educadores de Chile (ASEDUCH) ha manifestado su preocupación y ha instado al Gobierno y al Congreso a acelerar la discusión sobre el proyecto de ley de convivencia y buen trato escolar. Esta legislación es considerada clave para implementar medidas preventivas que frenen la violencia en las aulas y que resguarden la seguridad de los educadores. Pablo Gaete, coordinador de ASEDUCH en Ñuble, subrayó la necesidad de que las autoridades reconozcan el creciente riesgo que enfrentan los docentes en su labor, insistiendo en que es crucial considerar la profesión educativa como de alto riesgo ante la creciente violencia.
El presidente de ASEDUCH, José Luis Velasco, enfatizó que la violencia en las salas de clases no debe normalizarse y que tanto educadores como alumnos merecen un entorno seguro para aprender y enseñar. También hizo un llamado a implementar estrategias preventivas efectivas, con normativas claras y recursos adecuados que garanticen la seguridad en los establecimientos educacionales. Velasco sostiene que la actual situación no solo afecta el proceso educativo, sino que también genera un clima de inseguridad que impide un aprendizaje efectivo para todos los involucrados.
Sergio Godoy, director ejecutivo de ASEDUCH, advirtió sobre la crisis de seguridad escolar sin precedentes que enfrenta el país. Según Godoy, los fenómenos de violencia en colegios no solo impactan a los estudiantes, sino que también amenazan la seguridad de los educadores, debilitando así la calidad de la educación. Urge, por tanto, que el Gobierno adopte medidas concretas y efectivas para abordar esta situación de forma inmediata y priorice la seguridad escolar como un asunto de urgencia nacional.
Además, desde ASEDUCH se ha manifestado la necesidad de que el proyecto de ley de convivencia y buen trato escolar sea modificado sustancialmente para que realmente apoye a los colegios en lugar de convertirse en un obstáculo burocrático. Velasco también señaló que, aunque las leyes de inclusión y TEA representan un avance hacia una sociedad más inclusiva, su aplicación actual ha desbordado capacidades en los establecimientos, llevando a un aumento significativo del estrés y angustia en los educadores. La falta de recursos para manejar situaciones complejas ha transformado la enseñanza en un desafío diario, donde los docentes requieren urgentemente apoyo y formación para gestionar la violencia y los conflictos que se han vuelto comunes en el ámbito escolar.
