La Contraloría General de la República ha revelado que más de 500 obras públicas han quedado sin finalizar en la última década, una problemática que ha sido documentada en su reciente Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°17. Este informe, que examina un total de 166.786 proyectos entre enero de 2015 y mayo de 2025, pone de manifiesto que durante este periodo se identificaron 812 procesos de contratación, con una inversión total de $1,02 billones. Sin embargo, se encontraron 517 proyectos que, tras la paralización de sus contratos, no han sido recontratados, lo que representaría un significativo recurso desperdiciado en la infraestructura pública del país.
Los sectores más afectados por la falta de finalización de obras incluyen el Servicio Metropolitano Sur, que tiene tres proyectos estancados con un costo de $279.547.105.000. De igual manera, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) presenta una alarmante cifra de 67 obras detenidas, sumando un total de $49.117.609.637. Asimismo, Serviu del Biobío cuenta con 18 proyectos sin concluir que representan una inversión de $40.441.011.945. Si bien el periodo analizado abarca una década, las cifras han sido alarmantes en los últimos años, con 78 proyectos paralizados en 2021 y sólo un proyecto sin recontratar reportado en 2024.
El estudio de la CGR también destaca la recontratación de 295 obras, por un valor de $312.642.000.000, que habían experimentado paralizaciones y que, en promedio, fueron recontratadas tras 17 meses. Se observaron casos preocupantes donde trece de estos proyectos involucraron recontrataciones que superaron el 50% del monto original, llegando incluso a triplicar el costo inicial. Entre estos, la Junji destaca con 70 proyectos que fueron recontratados, evidenciando la necesidad de una revisión exhaustiva en estos casos para asegurarse de la correcta utilización de los recursos públicos.
En respuesta a las irregularidades detectadas, la Contraloría ha decidido implementar una fiscalización exhaustiva sobre las 13 obras que presentaron recontrataciones mayores al 50%, además de pesquisar las tres obras recontratadas a la misma empresa. Este procedimiento busca no solo contextualizar el estado actual de los proyectos, sino también exige a los servicios públicos que proporcionen información detallada sobre los contratos de obra que, según los registros, no han sido nuevamente adjudicados. La trazabilidad de estos proyectos es vital para asegurar que las inversiones en infraestructura respondan a las necesidades del país y se mantenga la transparencia en el uso de fondos públicos.
La divulgación de estos datos por parte de la CGR subraya la relevancia de una supervisión continua y rigurosa en la ejecución de obras públicas. Esto no solo afecta el desarrollo de infraestructura clave, sino que también tiene implicaciones significativas sobre el financiamiento y la confianza pública en las instituciones. Con la información ahora disponible, la ciudadanía y los entes supervisores tienen la obligación de exigir cuentas claras sobre el estado de estas obras y la gestión de recursos. El camino hacia la mejora de la infraestructura pública en el país pasa por la transparencia y la rendición de cuentas.
