Días atrás, en una jornada crucial en el Parque de La Familia en la comuna de Quinta Normal, la ministra de Obras Públicas y el equipo de la Dirección General de Aguas (DGA) revelaron cifras históricas relacionadas con las fiscalizaciones realizadas durante este gobierno, destacando la constante preocupación por el uso sostenible del agua en el país. En el contexto de una sequía estructural y eventos extremos provocados por el cambio climático, se hace imperativo un Estado vigilante que promueva el uso responsable y la protección de las fuentes de aguas tanto subterráneas como superficiales. La colaboración ciudadana en esta vigilancia es esencial para enfocar los recursos donde más se necesita, creando así un entorno propicio para la conservación hídrica.
Durante el período 2022-2025, se realizaron un total de 8.074 fiscalizaciones, duplicando los resultados obtenidos en el lapso anterior de 2018-2021. Este aumento en las fiscalizaciones es parte de un esfuerzo notable por parte del Servicio del Estado para potenciar su acción en la protección y uso del agua. En el año 2025, se resolvieron 2.391 fiscalizaciones, lo que representa un incremento del 6% respecto a 2024. Sin embargo, es relevante destacar que no todas las fiscalizaciones conducen a sanciones, ya que en ocasiones no se logran probar las infracciones, lo que demuestra la complejidad de la normativa del Código de Aguas.
El preocupante aumento de multas durante el período 2022-2025, que ascendió a 505.218 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), pone de manifiesto la seriedad con que se está abordando la regulación hídrica en Chile. Esto representa el doble de las multas impuestas en el periodo 2018-2021. La DGA aclara que el objetivo de estas multas no es simplemente incrementar las arcas fiscales, sino actuar como un mecanismo disuasorio frente a prácticas ilegales que amenazan el uso sostenible del agua, fundamental para la seguridad hídrica, la preservación de ecosistemas y la sustentabilidad productiva.
El monitoreo de calidad del agua se lleva a cabo en 1.729 puntos de control de aguas superficiales y subterráneas, lo que refuerza el compromiso de la DGA con la protección de este recurso vital. Desde 1959, los datos recolectados han sido compilados en el Atlas de Calidad de Aguas 2025, que está disponible públicamente. Este esfuerzo busca garantizar que tanto el Estado como la ciudadanía tengan acceso a la información necesaria para actuar y asegurar un acceso universal y seguro al agua, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030.
A medida que el cambio climático y la actividad humana continúan impactando la calidad del agua, la DGA refuerza su compromiso en la prevención de desastres relacionados con inundaciones mediante la elaboración de mapas de riesgo en diversas cuencas. Estos mapas serán herramienta clave no solo para la prevención, sino también para la gestión en caso de emergencias, como las enfrentadas en los últimos años. Con la creación de estos mapas, es evidente la intención de la autoridad de avanzar en la resiliencia hídrica, asegurando así que Chile pueda enfrentar los retos presentes y futuros que la gestión sostenible del agua implica.
