Carola Moya, Directora de la Fundación Conexión Natural, expresa su preocupación sobre la implementación de la Ley PUSU, que cumplió su cuarto aniversario el 13 de febrero de 2022. A pesar de las esperanzas iniciales de que productos como bombillas, cubiertos y envases de poliestireno expandido dejaran de contaminar, la realidad es que estos artículos siguen siendo entregados en gran medida. La frustración es palpable entre los defensores del medio ambiente, quienes ahora se preguntan la efectividad de la fase final de la ley, que, tras varios retrasos, comenzará a aplicarse este viernes. En este sentido, la falta de fiscalización se ha convertido en uno de los obstáculos más grandes para el éxito de la normativa.
La responsabilidad de fiscalizar recae en los municipios, que alegan no contar con los recursos necesarios para llevar a cabo esta tarea. Las sanciones por el incumplimiento de la ley van desde 1 hasta 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por cada producto que se entregue indebidamente. Sin embargo, como menciona Moya, la fiscalización, aunque importante, no es la única solución. «El foco debe estar en la educación y el cambio cultural», señala, advirtiendo que muchos consumidores, locatarios e incluso las propias municipalidades no están informados sobre el alcance de la ley y cómo implementarla correctamente.
Un aspecto crítico que destaca la Directora de la Fundación es el cambio de envases plásticos por materiales que, a primera vista, parecen ecológicos, como el «cartón». No obstante, muchos de estos nuevos envases son en realidad de polipapel, que combina plástico y cartón, lo que dificulta su reciclaje efectivo. Esto evidencia que no se trata de una falta de interés por parte de los emprendedores, sino de la falta de herramientas adecuadas para hacer la transición hacia productos realmente sustentables. Con la nueva fase de la ley, se prohibirá el uso de plásticos desechables para la venta de comida preparada, lo que resalta la urgencia de una certificación clara y visible para evitar errores.
Moya enfatiza que lograr que estos cambios sean efectivos requiere un enfoque colaborativo. Hasta ahora, las herramientas actuales, como guías, webinars e infografías, no han logrado penetrar en el mercado de manera suficiente. El objetivo de la ley no se limita a un simple cambio de materiales, sino que busca implementar un cambio cultural significativo en la manera de producir, consumir y gestionar residuos. En una nación donde los vertederos están al borde del colapso, Moya hace un llamado a la acción a todos los actores de la cadena, recordando que es vital entender que esta normativa no busca complicar el sistema, sino asegurar un futuro sostenible.
“No podemos pensar que cambiar el material de los desechables será suficiente. Necesitamos una transformación en nuestros hábitos y prácticas de consumo”, advierte Moya. Para lograr una cultura de reutilización y reciclaje efectiva, es necesario una cadena de conexión entre todos los eslabones que comprendan su rol en la gestión de residuos. La educación se convierte en una herramienta esencial no solo para los locatarios en la selección de productos, sino también para los consumidores y los municipios en la capacitación que se requiere. «Si el cambio no es colectivo, será simplemente otra normativa que no conseguirá su verdadera misión». La Directora de la Fundación concluye que la responsabilidad de cuidar el medio ambiente recae en todos, y con solo unir esfuerzos se logra el impacto deseado.
