Cuando el coronavirus llegó a nuestras vidas, afectó por completo la manera en que nos comunicamos con nuestros seres queridos, amigos, el trabajo y básicamente toda nuestra vida normal. Pero los seres humanos vivimos en el planeta Tierra y el COVID-19 también trajo consecuencias -muchas de ellas nefastas- para el medio ambiente.
Para muchos, la aparición de este virus hizo detenerse al planeta. Las restricciones de movilidad decretadas por algunas autoridades provocaron que las familias se quedaran en sus casas.
El transporte terrestre disminuyó a la mitad a nivel global. En Estados Unidos, el 50% de los aviones se quedaron en tierra por la baja en las operaciones.
En China, país donde apareció por primera vez el virus, las fábricas se detuvieron para evitar contagios y los habitantes de megaciudades industriales como Beijing, pudieron disfrutar de los poco frecuentes cielos azules.
Como resultado, se detectó una baja en los gases invernadero, responsables de atrapar calor en la atmósfera y aumentar la temperatura en el planeta.
Las calles vacías y la baja en el uso de combustibles fósiles podrían haber significado literalmente un respiro para el planeta.
Pero este respiro fue breve. Según un estudio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la pandemia no logró detener de manera significativa la generación de dióxido de carbono en comparación con el año anterior.
Los científicos explicaron que estos gases se acumulan durante largos períodos de tiempo, por lo que se necesita una disminución mucho más prolongada para hacer la diferencia.
La preocupación ahora es lo que pasará cuando se vaya recuperando la actividad económica, ya que podría haber un aumento aún mayor en la generación de estos dañinos gases invernadero.
El problema de los residuos médicos en el medio ambiente
Primero, se agotaron en todo el planeta. Después la oferta aumentó considerablemente por la demanda y ahora nos encontramos con un nuevo tipo de basura en los océanos y playas del mundo: los residuos médicos.
En Chile, el procesamiento y destrucción de este tipo de residuos está normado debido a que presentan un problema de seguridad para la salud pública.
Mascarillas, guantes, pecheras, gorros, viseras y otros elementos de protección deben ser incinerados en centros especializados o dentro de instalaciones especiales en los hospitales. Esto debido a que el proceso provoca la emisión de dioxina, mercurio y otras sustancias contaminantes.
¿Y qué pasa con el resto de los residuos que utiliza la población en general? 75% de estos desechos se van a vertederos o terminan en los océanos del mundo. Así lo informó en julio del año pasado la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo.
Basura que se suma a los 8 millones de toneladas métricas de plástico que ingresan al mar, acorde a los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.
Las mascarillas se demoran cientos de años en desintegrarse. Cuando lo hacen, se transforman en microplásticos que contienen sustancias tóxicas que afectan a la fauna acuática.
Este proceso se llama biomagnificación, que al final es traspasado a los humanos. Esto debido a que nos alimentamos de peces y mariscos que han ingerido estas sustancias tóxicas, poniendo en riesgo la salud.
A esto se le suma el regreso de los plásticos de un solo uso, sobre todo en la alimentación. En agosto del año 2018, Chile se convirtió en el primer país de América Latina en eliminar las bolsas plásticas de un solo uso de manera gradual. Pero con el confinamiento muchos restaurantes están entregando la comida en envases de plástico. Esto ha hecho retroceder al país en la emisión de este tipo de desechos.
Flexibilidad de políticas medioambientales
Luego de décadas de acuerdos, seminarios y negociaciones, muchos países se encaminaban a paso firme por la senda de la sustentabilidad. Hasta que llegó el coronavirus e hizo colapsar la economía del mundo.
Esto generó una preocupación en países como Estados Unidos, donde compañías carboníferas y petroleras le pidieron al presidente Donald Trump eliminar algunas restricciones medioambientales para potenciar la economía del país.
Algo parecido ocurrió en Brasil, donde en los primeros meses del 2020. La deforestación ilegal en la Amazonia aumentó un 55% respecto al año anterior, según cifras de la WWF.
Organizaciones de la sociedad civil de ese país culpan al presidente Jair Bolsonaro de la proliferación de la tala ilegal en la zona. El mandatario apoya a los empresarios agrícolas de la soya y los ganaderos. Estos son los mayores beneficiados con la desaparición de los bosques del Amazonas.
La ONU también se ha pronunciado sobre la flexibilización de las políticas ambientales para potenciar la economía. David Boyd, relator ONU, criticó a los gobiernos que están tomando este camino y aseguró que, de no establecerse una protección al medio ambiente, se cae en el riesgo de futuras pandemias.
