La reciente aprobación en el Senado del proyecto de Ley de Incendios, ocurrida el pasado 27 de enero de 2026, marca un avance significativo ante las desoladoras consecuencias que dejó la tragedia en la Región del Biobío. Este paso legislativo surge como respuesta a las devastadoras experiencias vividas, pero la verdadera interrogante se cierne sobre la discusión que tendrá lugar en la Cámara de Diputados. Si los legisladores no profundizan en las falencias del texto actual, el riesgo es claro: podríamos terminar con una legislación más simbólica que efectiva, mientras las llamas continúan consumiendo tanto flora como fauna, así como los hogares y esperanzas de miles de chilenos.
No se trata solo de una crisis ambiental, sino que enfrentamos una fractura social de dimensiones alarmantes. La normativa existente parece olvidar el impacto humano que los incendios generan en las comunidades afectadas. Tras el megaincendio de 2024, al menos 18 personas tomaron la drástica decisión de acabar con su vida como resultado de la desesperación provocada por la pérdida total de su sustento y esperanza. Por lo tanto, cualquier esfuerzo legislativo que no incorpore un enfoque integral que contemple el apoyo psicosocial y la salud mental, se queda corto y, en definitiva, se convierte en una ley incompleta e insuficiente.
El actual marco legal presenta serias contradicciones que inquietan, tanto a especialistas en el área como a los habitantes de zonas rurales. En primer lugar, la creación de «Zonas de Amortiguación» por parte del Servicio sin los trámites adecuados que exigen las Zonas de Interfaz (ZIURF) ha generado una alarma jurídica respecto al uso del suelo. Además, el enfoque punitivo que se propone castiga al propietario del terreno sin considerar que muchos incendios, como se ha evidenciado en Penco-Lirquén, son consecuencia de negligencias externas, ya sea por fallas en sistemas eléctricos o por artefactos defectuosos.
Asimismo, el actual enfoque se centra en la fiscalización de SERNAFOR, descuidando aspectos esenciales como el combate directo de los incendios, la persecución penal de la intencionalidad y, lo que es más crítico, la efectiva reconstrucción de las comunidades devastadas. En este contexto, es fundamental que la discusión en la Cámara de Diputados y la posterior comisión mixta se transformen en una oportunidad para reorientar los fundamentos de la ley. Necesitamos pasar de un Estado que actúa como meramente fiscalizador a uno que se convierta en un socio estratégico en la prevención y recuperación de desastres.
La nueva estrategia debe adoptar un enfoque que garantice la certeza jurídica, asegurando que las limitaciones al dominio respeten los procedimientos constitucionales y eviten daños patrimoniales injustos en el sector agropecuario. Además, se requiere una planificación integrada que combine la gestión del riesgo con el ordenamiento territorial, como un pilar básico de seguridad. Finalmente, es crucial establecer mecanismos de recuperación integral que aseguren que, una vez extinguidas las llamas, exista un camino claro hacia la reconstrucción económica y emocional de los damnificados. La complejidad de los incendios en la actualidad demanda una ley que tenga un rostro humano, un sentido de realidad y una clara voluntad de proteger la vida, donde la responsabilidad sea colectiva.
