La Contraloría General de la República ha revelado alarmantes irregularidades en la contratación de personal en instituciones públicas, evidenciando que en el año 2025 se identificaron 35 casos de individuos con prohibición absoluta para trabajar con menores de edad realizando funciones que implican contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes. Esta situación no solo vulnera la normativa vigente, sino que compromete significativamente la protección de los derechos fundamentales de los menores, generando preocupación en la comunidad y obligando a una revisión exhaustiva de los procesos de selección de personal.
La investigación también señala que entre el año 2020 y agosto de 2025, un total de 164 personas que se encontraban inhabilitadas para laborar con menores de edad ejercieron cargos en diversas instituciones, poniendo en riesgo la integridad de la infancia. De acuerdo con los datos recopilados, estas irregularidades se extendieron por 72 instituciones del Estado, las cuales contravinieron las normativas establecidas que prohiben expresamente la contratación de individuos condenados por delitos sexuales contra menores.
El Código Penal establece sanciones severas que incluyen la inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para aquellos que han sido condenados por delitos de carácter sexual contra menores. En este contexto, las instituciones están obligadas a realizar verificaciones rigurosas a través del Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones, asegurándose de que el personal que contratan no tenga antecedentes que representen un riesgo para la niñez. Sin embargo, la Contraloría ha dejado en evidencia que estos procedimientos no se están cumpliendo adecuadamente.
Ante estos antecedentes preocupantes, la Contraloría General de la República ha instruido a las entidades involucradas la necesidad de dar cumplimiento inmediato a las normativas existentes. Esto incluye la implementación de medidas correctivas y la verificación exhaustiva del estado de inhabilitación de los postulantes antes de la contratación, destacando así la responsabilidad de las instituciones en la salvaguarda de la seguridad y derechos de los menores.
Además de la obligación de cumplir con la normativa, la Contraloría ha requerido que se inicien inmediatamente los procedimientos disciplinarios correspondientes y que se reporten todas las acciones tomadas en un plazo máximo de cinco días hábiles. Esta directa intervención de la CGR busca restablecer la confianza en las instituciones públicas y garantizar la protección efectiva de niños y adolescentes en el país.
