Durante décadas, el océano ha sido objeto de discusiones centradas en la conservación, la pesca y la soberanía. Aunque estos temas siguen siendo cruciales, surge una nueva dimensión en el conversatorio: el cambio climático, la innovación y el desarrollo. Chile, con su vasto territorio marítimo y su rica biodiversidad, no puede permitirse el lujo de ser un mero espectador en este fenómeno global. Se presenta, por lo tanto, una oportunidad para que el país utilice su amplia experiencia en oceanografía y sus instituciones especializadas para abordar estos nuevos desafíos.
El mundo se encuentra en la vanguardia del desarrollo de tecnologías climáticas, que van desde la remoción marina de carbono hasta soluciones innovadoras basadas en procesos oceánicos. Estas iniciativas forman parte de la conversación más amplia acerca de la Economía Azul, que ofrece un enorme potencial para transformar la forma en que interactuamos con el océano, fomentando prácticas sostenibles y el aprovechamiento responsable de recursos. A pesar del avance de estas tecnologías, el marco regulatorio necesario para guiar su investigación y eventual implementación aún se encuentra en desarrollo.
La implementación del Acuerdo BBNJ marca una nueva era en la gobernanza marítima, y Chile ha demostrado su compromiso al convertirse en el segundo país en ratificarlo. Además, el país está promoviendo a Valparaíso como sede de la Secretaría del acuerdo, lo que representa una oportunidad histórica para liderar en el ámbito de la gobernanza oceánica. Sin embargo, el compromiso con las nuevas normas internacionales no es suficiente; es esencial que el país se prepare para las decisiones que se tomarán en el futuro respecto a la utilización de nuevas tecnologías.
Es fundamental avanzar con precaución frente a estas innovaciones científicas y tecnológicas. No obstante, la falta de evidencia no debe ser utilizada como excusa para rechazar la investigación. La necesidad es clara: fortalecer el ámbito investigativo, establecer estándares de monitoreo y desarrollar criterios ambientales. Además, se deben crear espacios para realizar proyectos piloto que estén dirigidos por principios de transparencia y participación comunitaria, asegurando así que todos los actores se vean representados en el proceso de toma de decisiones.
Chile, con su amplia Zona Económica Exclusiva de aproximadamente 3,4 millones de kilómetros cuadrados, posee una relación histórica con el océano que pocos países pueden igualar. Conservar este patrimonio es vital, pero anticipar los cambios que puedan afectar a este ecosistema también es esencial. La nueva conversación sobre el océano debe pasar de una dicotomía entre conservación e innovación hacia un enfoque de innovación responsable, basado en conocimiento y regulaciones particulares. Chile tiene las capacidades necesarias; el verdadero desafío radica en convertir estas capacidades en una agenda nacional que dirija el futuro marcadamente antes de que otros establezcan el rumbo.
