La electromovilidad en Chile ha alcanzado un importante hito, ya que en la ciudad de Santiago circulan más de 4.000 autobuses eléctricos, lo que la convierte en una de las flotas más grandes del mundo, apenas superada por la de China. Esta noticia es alentadora tanto para el futuro del transporte público como para la calidad del aire en las zonas urbanas. Sin embargo, con la creciente adopción de vehículos eléctricos surge una nueva inquietud que exige atención inmediata: ¿qué sucederá con las baterías de estos buses y automóviles una vez que su capacidad disminuya?
Desde la llegada de los primeros autobuses eléctricos en 2017, Chile se enfrenta a un dilema inminente: el recambio significativo de baterías se anticipa para los próximos años. La posibilidad de que una batería, al dejar de ser útil para mover un vehículo, aún conserve suficiente energía para ser empleada en otras aplicaciones como el almacenamiento solar o como respaldo energético, abre un nuevo capítulo en la vida útil de estos componentes. Este concepto de «segunda vida» es clave; sin embargo, no se puede obviar que no todas las baterías son aptas para este uso. Algunas pueden presentar daños o fallas que las vuelven peligrosas.
Por lo tanto, es imperativo establecer un marco regulatorio que aborde las cruciales preguntas sobre la gestión de baterías usadas. ¿Quién estará encargado de evaluar su estado real? ¿Qué criterios de seguridad se deberán aplicar para garantizar un uso seguro en sus segundas aplicaciones? Chile debe no solo ocuparse de estas cuestiones, sino hacerlo de forma proactiva, antes de que se acumule un gran número de baterías fuera de servicio. La incertidumbre no debe convertirse en la norma cuando se trata del futuro energético del país.
El primer paso hacia una gestión responsable ya se ha dado con la inclusión de las baterías en la Ley REP, que otorga responsabilidad a los fabricantes e importadores sobre el ciclo de vida de sus productos. Sin embargo, el sector de las baterías de litio aún enfrenta múltiples desafíos, ya que la normativa existente es insuficiente. Es crucial contar no solo con marcos legales adecuados, sino también con la capacitación de técnicos y el establecimiento de laboratorios que puedan llevar a cabo una evaluación exhaustiva de las baterías, tomando en cuenta su historial y condición.
LiBR3, un proyecto impulsado por CircularTec y respaldado por Corfo, trabaja en estos temas y busca adaptar las mejores prácticas internacionales a la realidad chilena. No todas las baterías están destinadas a tener una segunda vida; algunas deberán ir directamente al reciclaje. Sin embargo, contar con información clara y criterios sólidos para tomar decisiones es fundamental. Como uno de los mayores productores de litio y cobre a nivel mundial, Chile tiene una responsabilidad especial para no solo ser el país que entrega las materias primas, sino también para ser líder en la evaluación, reutilización y reciclaje de las baterías, cerrando así el ciclo de producción de energía renovable de manera efectiva y sostenible.
