El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha dado un paso trascendental al presentar este viernes una querella criminal contra Verónica Sabaj, quien se desempeña como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta acción judicial alega que Sabaj es autora de delitos graves, como la revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial. La querella se enmarca en el contexto de lo que ha sido denominado el «Caso Audios», un escándalo que ha sacudido los cimientos del sistema judicial chileno en las últimas semanas.
Junto a Sabaj, la acción legal también incluye al abogado Luis Hermosilla, quien ha sido señalado como el autor del delito de soborno. Según los antecedentes recopilados por el CDE, ambos mantenían comunicaciones que comprometían la independencia e imparcialidad de la ministra, en beneficio del abogado. Las acusaciones son serias y se sustentan en resoluciones judiciales que han sido documentadas en la querella, lo que resalta la gravedad de los hechos denunciados.
Los hechos en cuestión ocurrieron durante el tiempo en que Verónica Sabaj ocupaba el cargo de jueza en el 3º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Posteriormente, en su ejercicio como ministra de la Corte de Apelaciones, se reitera la relación con Hermosilla, donde se solicitan beneficios adicionales, como asegurar nombramientos y favorecer a ciertas personas. Este contexto plantea serias dudas sobre la integridad del sistema judicial y la ética de los funcionarios públicos involucrados.
Cabe señalar que durante el periodo de los delitos imputados, Hermosilla también desempeñaba funciones como funcionario público en el Ministerio del Interior, lo que añade una capa adicional de complejidad al caso. La interacción entre estos dos funcionarios públicos y las acciones que se llevaron a cabo han llevado a la pregunta sobre la posibilidad de corrupción en el sistema judicial, un tema que ha sido recurrente en las discusiones sobre la transparencia en Chile.
La querella fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y también se ha señalado que se investigará a todos aquellos que resulten responsables. Este tipo de acciones por parte del CDE son cruciales para mantener la confianza pública en el sistema de justicia y para asegurar que se tomen medidas contra la corrupción. La comunidad espera que este caso sirva de precedente para una mayor ética y responsabilidad dentro de las instituciones públicas.
